Repsol, Cepsa, Galp y BP amenazan con frenar inversiones de hasta 16.000 millones si se mantiene el impuesto a las energéticas

Crece la presión sobre el Gobierno. Después de la amenaza de Repsol de llevarse inversiones en Tarragona a Portugal y de las advertencias de la CEOE, ahora es la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) quien ha emitido un comunicado para advertir de que hacer permanente el impuesto temporal sobre las empresas energéticas podría poner en peligro inversiones por valor de 16.000 millones de euros previstas por las petroleras hasta 2030 para abordar la descarbonización del sector. La patronal de Repsol, Cepsa, Galp, BP, Saras y Gunvor alerta, así, de que "un nuevo impuesto dificultará la adaptación de los complejos industriales (refinerías) a los retos de la transición energética y frenará el desarrollo de la industria del hidrógeno y los combustibles renovables".

"Un nuevo gravamen o la falta de claridad sobre el horizonte fiscal puede desalentar las inversiones en nuestro país. Además, la falta de estabilidad regulatoria perjudica la reputación como país y la Marca España, así como la percepción y valoración del clima económico que hacen los inversores e instituciones internacionales. Todo ello supone un importante riesgo para el desarrollo de los combustibles renovables y el hidrógeno renovable, impactando negativamente en la transición hacia fuentes de energía más sostenibles y poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos del PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima)", afirma la AOP en un comunicado. 

La patronal asegura, además, que el nuevo gravamen convertiría a España en el único Estado de los 27 de la Unión Europea en tenerlo "lo que perjudicará la competitividad de un sector que soporta una carga fiscal muy elevada". Además, cita al informe Draghi para advertir que "la competitividad de la UE está lastrada, entre otros motivos, por un coste de la energía más alto que en Estados Unidos o China, como consecuencia, entre otros motivos, de cargas fiscales que el mismo informe pide limitar" y al Fondo Monetario Internacional (FMI) que ha recomendado que este tipo de gravámenes sean "limitados y temporales".

En un sentido similar, la asociación de las grandes petroleras añade que la Comisión Europea ha señalado que las empresas del sector energético se encuentran en una situación diferente a la vivida en 2022 durante la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. "Establecer un impuesto adicional al sector energético resultaría injustificado, discriminatorio y económicamente contraproducente", concluye la patronal de las grandes petroleras. 

Eléctricas y gasistas

Ni la patronal de las grandes eléctricas (Aelec) ni de las empresas gasistas (Sedigas) se han sumado a esta presión pública de las petroleras vía comunicado, como sí han hecho las patronales bancarias (CECA y AEB). No obstante, fuentes de ambas patronales reiteran su rechazo al gravamen, expresado en múltiples ocasiones desde su creación como gravamen temporal en julio de 2022.

Las eléctricas siempre han defendido que este tributo no está alineado con la normativa europea al gravar los ingresos en vez de los beneficios y por dirigirse a todas las energéticas y no solo a las empresas de petróleo, carbón y gas como planteó la Comisión Europea en plena crisis energética. Mientras que el sector gasista argumentó tras su creación que una medida como esta tendría "efectos perniciosos" y podría "suponer un freno al desarrollo de los planes de inversión de las compañías inmersas en el desarrollo de los gases renovables.

Los gravámenes sobre la banca y las energéticas se aprobaron a finales de 2022 como una 'prestación patrimonial de naturaleza no tributaria' de carácter extraordinario y temporal, para ser recaudada en 2023 y en 2024 a cuenta de los ingresos obtenidos en 2022 y en 2023 por las entidades financieras (vía intereses y comisiones) y por el sector energético. Pero en su acuerdo de coalición de Gobierno, PSOE y Sumar acordaron "readaptarlos" y mantenerlos una vez expire el periodo actual a finales de este año.

Y esa es la intención del Gobierno, según han reiterado durante los últimos días distintos miembros del Consejo de Ministros, aunque este jueves la titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido que si el Gobierno no cuenta con apoyo "suficiente" en el Congreso, no se podrá dar continuidad a estos impuestos, tras la amenaza de Junts de no apoyar la continuidad de este impuesto si Repsol se lleva una inversión prevista en Tarragona a Portugal.