Adiós al dinero de los pensionistas: denuncian la decisión de Hacienda sobre la devolución del IRPF
Los mutualistas que tienen derecho a la devolución denuncian que podrían morir antes de recibir el dinero
La última decisión de la Agencia Tributaria sobre la devolución del IRPF a los pensionistas ha generado un profundo malestar entre los afectados.
Desde el pasado 22 de diciembre Hacienda ha modificado el procedimiento que anteriormente permitía a los pensionistas recibir de una sola vez el dinero correspondiente a la devolución de las cotizaciones realizadas a las antiguas mutualidades.
Ahora, esta cantidad será compensada de manera fraccionada durante los próximos cuatro años, lo que ha generado una gran controversia, ya que algunos de los beneficiarios temen que no vivan lo suficiente para recibir lo que se les debe.
La devolución del IRPF a los pensionistas surge a raíz de una serie de sentencias judiciales que reconocieron el derecho de los pensionistas a minorar un porcentaje de su base imponible, en función de las cotizaciones realizadas a las mutualidades entre los años 1967 y 1978, y las anteriores a 1967. Este derecho afectaba a personas que habían cotizado en diversas mutualidades del sector público y privado, como las del ámbito bancario, la siderurgia o la función pública. En concreto, los pensionistas tenían derecho a que se les devolviera un 25% de la pensión correspondiente a las cotizaciones entre 1967 y 1978, y un 100% de la parte de la pensión proveniente de cotizaciones anteriores a 1967.
Este derecho, que fue reconocido por la Agencia Tributaria en 2024, permitió que miles de pensionistas solicitaran la devolución de esas cantidades de los ejercicios fiscales de los últimos años. De hecho, en marzo de 2024, Hacienda habilitó un formulario en su página web para que los afectados pudieran pedir la rectificación de las declaraciones de IRPF de los ejercicios 2019 a 2022. Sin embargo, la última modificación en el sistema ha trastocado los planes de los beneficiarios.
En lugar de realizar una compensación única, como estaba previsto, Hacienda ha decidido calendarizar las devoluciones. A partir de ahora, aquellos pensionistas que aún no han recibido el dinero correspondiente deberán esperar un año para recibir cada una de las cantidades de los ejercicios afectados. Así, en 2025 podrán solicitar la devolución correspondiente al IRPF del ejercicio 2019, en 2026 la de 2020, en 2027 la de 2021 y en 2028 la de 2022. Este cambio, que se contempla en una disposición final de la Ley de la reforma fiscal aprobada el 19 de diciembre de 2024, ha sido muy criticado por los afectados.
El principal argumento de los pensionistas es que esta medida retrasa indebidamente las devoluciones y podría ser injusta, ya que muchos de ellos son personas de avanzada edad. Algunos han llegado a afirmar que, debido a su situación, temen que no lleguen a recibir el dinero que les corresponde antes de fallecer.
Los gestores administrativos también han expresado su desacuerdo con la nueva fórmula de devolución, señalando que el nuevo proceso incrementa la carga administrativa y genera mayores posibilidades de error, lo que podría dilatar aún más el tiempo de espera.
Además, los gestores subrayan que, si fuera el ciudadano quien tuviera que devolver el dinero en plazos fraccionados, la Administración no lo permitiría, por lo que resulta incoherente que Hacienda retrase ahora las devoluciones.
En respuesta a las críticas, desde el Ministerio de Hacienda se defiende la medida, argumentando que su objetivo es ordenar el sistema y hacer que las devoluciones sean más predecibles y eficientes. Según fuentes del ministerio, la calendarización ofrece certidumbre sobre el impacto en la contabilidad nacional y evita que se acumulen grandes pagos en un solo ejercicio fiscal.
Sin embargo, las organizaciones sindicales, como Comisiones Obreras, han expresado su rechazo a este cambio, advirtiendo que el nuevo procedimiento crea incertidumbre jurídica y genera desigualdad entre los afectados. Aseguran que este cambio ha sido implementado sin una consulta previa con los sindicatos y que su aplicación retroactiva es perjudicial para los pensionistas.
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