Duro mazazo de Hacienda a los españoles: a partir de ahora, 9 impuestos nuevos
Esto es lo que va a subir a partir de ahora
La recaudación fiscal ha sido una de las herramientas más útiles para el progreso de los países, especialmente en la Unión Europea, donde España se encuentra por debajo de la media de presión fiscal.
Gracias a las contribuciones de los ciudadanos y a una gestión pública eficiente, los gobiernos pueden invertir en áreas clave para el desarrollo económico y social, como la educación, la sanidad, la infraestructura y la protección social. Gracias a estas inversiones se genera estabilidad económica, se reducen las desigualdades y se favorece el crecimiento sostenible que repercute positivamente en toda la sociedad.
En este contexto, el gobierno español ha decidido incrementar la presión fiscal en 2025 con el fin de continuar mejorando la economía del país: el Gobierno ha optado por un aument de los impuestos con el objetivo de seguir financiando sus políticas públicas y manteniendo el nivel de inversión necesario para hacer frente a los retos económicos y sociales actuales. Según un artículo reciente del medio La Vanguardia, a partir de este año, los ciudadanos españoles se enfrentan a la entrada en vigor de hasta nueve nuevos impuestos.
Impuesto de Sociedades
Las grandes corporaciones con una facturación superior a los 750 millones de euros van a tener que abonar un tipo mínimo del 15%: lo que supone una subida para las multinacionales que operan en España. Este cambio busca un reparto más equitativo de la carga fiscal entre las empresas, al tiempo que se reducen las deducciones y se combate la evasión fiscal.
Impuesto al sector financiero
Los bancos y entidades financieras verán incrementado el tributo que pagan en 2025, gravando sus márgenes de intereses y comisiones con una tasa progresiva que va del 1% al 7%. Esta medida tiene como objetivo aumentar la contribución del sector financiero al bienestar colectivo, destinando los ingresos obtenidos a las comunidades autónomas.
IVA de hidrocarburos
Para reducir el fraude en la venta de combustibles y ajustar el tipo impositivo de los hidrocarburos, el gobierno ha decidido reformar este impuesto. La medida pretende fortalecer el control en la distribución de estos productos y evitar la evasión fiscal, mejorando así los recursos destinados al Estado.
IRPF sobre las rentas del capital
Las rentas del capital superiores a 300.000 euros tributarán al 30%, un aumento significativo frente al 28% previo. Esta subida afecta a los contribuyentes de mayores ingresos y busca mejorar la equidad del sistema fiscal.
IVA sobre los alimentos
Los productos de primera necesidad, como el aceite de oliva, regresan a un tipo impositivo del 4%. Sin embargo, esta rebaja no será suficiente para evitar que el precio de la cesta de la compra se encarezca, ya que otras medidas fiscales afectan a los hogares de manera generalizada.
Impuesto al tabaco y cigarrillos electrónicos
Con el objetivo de frenar el consumo de tabaco, especialmente entre los jóvenes, el impuesto sobre estos productos aumenta en 2025. Asimismo, se introduce un nuevo tributo sobre los cigarrillos electrónicos, una medida destinada a reducir el uso de estos productos nocivos para la salud.
Tasa de basuras
A partir de abril de 2025, las entidades locales comenzarán a cobrar una tasa de basuras que cubrirá el coste de la recogida, transporte y tratamiento de residuos. Esta nueva figura fiscal, que incluye bonificaciones, se implementará en todos los municipios del país.
Impuesto al diésel
Aunque aún está bloqueado por la falta de apoyo político, el Gobierno planea aumentar el impuesto sobre el gasoil. Esta medida, que se espera que entre en vigor en abril de 2025, busca reducir las emisiones contaminantes y alinear el sector con los objetivos medioambientales de la Unión Europea.
Gravamen a las energéticas
A pesar de que esta medida no cuenta con apoyos suficientes para su convalidación, el Gobierno aprobó en diciembre un decreto que introduce un nuevo tributo a las grandes compañías energéticas: una reforma busca asegurar que el sector energético contribuya adecuadamente a la financiación pública, especialmente en un contexto de crisis energética y transición hacia fuentes más sostenibles.
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