Malas noticias de Hacienda: a partir de ahora, hay que declarar los pagos con tarjeta si superan esta cantidad

Una de las funciones más importantes de la Agencia Tributaria es garantizar que todas las personas y entidades cumplan con sus obligaciones fiscales, asegurándose de que se paguen los impuestos correspondientes. Este esfuerzo no solo tiene como objetivo combatir el fraude fiscal: también es fundamental para la redistribución de la riqueza, un mecanismo clave que permite financiar servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y las infraestructuras.

Cuando todos los miembros de la sociedad tributan lo que les corresponde, la economía en general se beneficia, ya que se promueve la equidad, se fortalecen las arcas públicas y se fomenta la confianza en el sistema.

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Con este compromiso en mente, el gobierno español está trabajando en un nuevo real decreto que impondrá mayores obligaciones de información a las entidades financieras a partir de 2025 según adelanta El Periódico.

Este nuevo proyecto (que forma parte de un esfuerzo por modernizar y reforzar el control fiscal) va a requerir que las compañías emisoras de tarjetas de crédito, débito y otros medios de pago, como tarjetas digitales o de prepago, presenten un informe detallado sobre los movimientos de sus clientes.

El núcleo del decreto está en una nueva declaración anual que deberán presentar las entidades emisoras de tarjetas, ya sean bancos, redes de gasolineras, grandes almacenes o cualquier otra institución que ofrezca estos servicios. En esta declaración, las entidades estarán obligadas a desglosar todas las operaciones que, en conjunto, superen los 25.000 euros anuales por tarjeta.

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El informe incluirá datos clave como la identificación del titular de la tarjeta, sea una persona física o una empresa; el número total de cargos realizados en el año; o el importe total de estos movimientos, tanto de compras como de retiradas de efectivo.

El objetivo principal de esta medida es controlar las grandes transacciones realizadas a través de sistemas electrónicos, evitando el blanqueo de capitales y el fraude fiscal, problemas que han ganado relevancia con la creciente digitalización de los pagos y la globalización económica.

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Tras haber sido sometido a un proceso de información pública, el proyecto del real decreto será remitido próximamente al Consejo de Estado para su informe preceptivo. Una vez superado este trámite, se espera que el texto sea aprobado por el Consejo de Ministros en breve, lo que permitirá su entrada en vigor.

La primera declaración bajo esta nueva normativa se realizará en 2026 y corresponderá a los movimientos efectuados durante el año 2025. Además de la declaración anual, el decreto también contempla que las entidades financieras deban reportar mensualmente a la Agencia Tributaria todos los cobros realizados por empresarios o autónomos mediante tarjetas o aplicaciones de pago móvil, como Bizum o PayPal, independientemente del monto.