Los funcionarios arrancan movilizaciones contra la congelación de sus salarios

Los sindicatos mayoritarios entre los funcionarios calientan motores para iniciar un ciclo de movilizaciones mediante el que presionar al Gobierno para que se siente a negociar una subida salarial para más de tres millones de empleados públicos. Llevan desde que empezó el año con las nóminas congeladas y sin visos, por ahora, de cuándo eso cambiará.

Csif fue el primer sindicato en anunciar protestas y ya ha convocado una concentración el próximo miércoles, 19 de marzo, frente al Ministerio de Hacienda. Le ha seguido este miércoles la UGT, que mediante una carta ha reclamado al Ejecutivo que les cite a negociar o pasarán a la acción.

Y es que desde el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública han declinado, por el momento, empezar a perfilar un nuevo acuerdo salarial para los empleados públicos. "La interlocución con los sindicatos es continua", se limitan a declarar desde el departamento liderado por Óscar López a preguntas de este medio.

Las centrales y sus afiliados están sufriendo la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), que es habitualmente donde se articulan las partidas necesarias para costear los incrementos salariales.

El Gobierno no tiene visos, por ahora, de cuándo podrá renovar las cuentas públicas y los sindicatos le reclaman que explore otras medidas, como ya ha hecho en años anteriores en los que no ha podido sacar adelante unas nuevas.

Este pasado 2024 venció el último acuerdo salarial vigente para la función pública en materia salarial. CCOO y UGT pactaron con el Ejecutivo subir los sueldos en función de un paquete de fijos y variables, estas últimas se cumplieron todas y las nóminas han aumentado un 9,5% acumulado entre los tres últimos ejercicios (2022, 2023 y 2024).

Csif, por su parte, votó en contra alegando que las cuantías pactadas eran insuficientes. Y, en esa línea de mayor oposición, han sido los primeros en anunciar que saldrán a la calle para reclamarle nuevas y mayores subidas al Ejecutivo. UGT también ha amenazado con sus propias protestas si el Gobierno no mueve ficha.

De la crisis de Muface a los salarios

El ministro López cierra la crisis de Muface, aumentando sustancialmente el presupuesto para las mutuas que han decidido concursar, y puede asomarse a otra ahora. No es la única carperta, la de los salarios, pendiente de resolver.

Desde Csif, por ejemplo, reclamar cumplir con la promesa realizada durante la pasada legislatura de disminuir la jornada laboral en el sector público de las actuales 37,5 horas a las 35 horas semanales. Algunas administraciones ya están aplicando esta rebaja, pero no es ni mucho menos generalizada.

También tiene por delante acometer la negociación de la oferta de empleo público (OPE) correspondiente a este año. Otra materia tradicionalmente asociada a los Presupuestos y que cuanto más tiempo se demore, más se demorará la posterior convocatoria y cobertura de plazas mediante estos procesos de selección.

Pérdida de poder adquisitivo

Los salarios en la función pública han aumentado un 20,2% de manera acumulada durante la última década, si bien los precios lo han hecho con mayor intensidad, un 23,3%. Es decir, en la última década los funcionarios y el personal laboral han perdido tres puntos de poder de compra, sin tener en cuenta nuevos trienios o promociones de categoría.

El diferencial es mayor si se tira la mirada algo más atrás y se computan los recortes o congelaciones salariales que tuvieron lugar durante la Gran Recesión, primero por gobiernos socialistas y luego del PP.

Los salarios en la función pública han subido algo menos que en el sector privado. En comparación con el incremento medio pactado en los convenios colectivos, estos segundos han subido en los últimos 10 años un total de 22,8%, algo más de dos puntos por encima de las nóminas públicas, aunque también por debajo del IPC acumulado.

La negociación entre el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública dibuja el marco que luego deberán aplicar el resto de las administraciones públicas. Y es que hasta que el Estado no desatasque esta cuestión, la Generalitat de Cataluña o los ayuntamientos no activarán sus propios mecanismos para aplicar la subida retributiva que se pacte en Madrid para sus plantillas.