La jueza cita a la jefa de personal de Glovo tras las acusaciones de burlar la regularización de sus 'riders'

La jueza a cargo de la investigación penal sobre Glovo ha citado a la ex jefa de personal de la compañía y al director del bufete de abogados que les asesora para esclarecer si mintieron y burlaron los dictámenes de la Inspección de Trabajo, que les instaron a regularizar a sus 'riders'. La magistrada titular del juzgado número 31 de instrucción de Barcelona, a petición de la Fiscalía, tomará declaración a dos ejecutivos de la compañía de reparto el próximo 19 de mayo, una vez que un nuevo grupo de agentes de la autoridad laboral ha afirmado que Glovo desobedeció sus resoluciones e insistió en mantener como falsos autónomos a sus repartidores.

Los dos testigos citados por la magistrada son Laila Szpolski y Ricardo Oleart Godía, según ha podido saber este medio. Szpolki ya no trabaja actualmente en Glovo y es la jefa de personal de Vicio. Durante seis años estuvo vinculada a la empresa de reparto y en su última etapa como directora asociada y consejera global en materia laboral. Oleart, por su parte, es socio fundador del bufete Oleart Abogados, que ha asesorado laboralmente a Glovo.

Este martes un segundo grupo de inspectores han afirmado en sede judicial que la compañía fundada y dirigida por Óscar Pierre desobedeció los sucesivos requerimientos que le hicieron para que contratara a sus 'riders'. Concretamente han comparecido cuatro inspectores y el jefe de la dirección especializada de la Inspección de Trabajo que hizo el informe sobre Glovo remitido a la Fiscalía General del Estado y que propició la denuncia de la fiscalía.

Tanto este funcionario como el resto han confirmado que le empresa de reparto no cumplía las resoluciones que les obligaba a regularizar a sus riders y que los diferentes modelos que iban presentado simplemente intentaban "maquillar" la relación laboral. Esta, a su entender, no cumplía con los requisitos acordado por los tribunales. Los testigos han asegurado que Glovo se "ha resistido" a la regularización, según las distintas fuentes judiciales consultadas por EL PERIÓDICO.

La semana pasada ya comparecieron otro grupo de inspectoras para explicarle a la jueza los detalles de las resoluciones que habían emitido en distintas ciudades de España donde opera la aplicación y este martes ha comparecido una segunda tanda, que han coincidido en la versión dada por los primeros.

Los inspectores han sostenido que Glovo desoyó los requerimientos de la autoridad laboral. Según relataron fuentes de la acusación, cuando se solicitaba información sobre los repartidores, la compañía o bien no respondía, o bien alegaba que dichos trabajadores ya no formaban parte de la empresa, algo que, según los inspectores, "no se ajustaba a la realidad", según sostuvo el primer grupo de agentes.

Los inspectores explicaron que, al solicitar información a la dirección de Glovo, la empresa respondía que había cambiado su modelo y que este ya cumplía con la legalidad. No obstante, tras una nueva verificación, la Inspección concluyó que las modificaciones introducidas eran insuficientes y que los repartidores seguían operando bajo el régimen de falsos autónomos.

Una de las testigos afirmó que las modificaciones realizadas por Glovo no alteraban en nada la relación laboral de los 'riders' con la empresa, ya que estos continuaban sin estar dados de alta en la Seguridad Social ni gozaban de derechos laborales como las vacaciones. Además, una inspectora señaló que dichos cambios buscaban "disfrazar" y "enmascarar" lo que, a su juicio, seguía siendo una relación laboral encubierta. En consecuencia, los inspectores defendieron ante la jueza que Glovo seguía incumpliendo la normativa, según fuentes de la acusación.

Ante las primeras acusaciones de los inspectores, fuentes de la defensa aseguraron que Glovo sí atendió los requerimientos de información de la Inspección, pero que en ningún momento se le exigió modificar las condiciones laborales de los 'riders'. Según la defensa, ni la empresa ni su consejero delegado habrían incurrido en el delito contemplado en el artículo 311 del Código Penal, que castiga con hasta seis años de prisión a quienes impongan condiciones laborales ilegales a sus trabajadores mediante fórmulas ajenas al contrato de trabajo o las mantengan pese a requerimientos o sanciones administrativas.

Glovo acumula más de 400 millones de euros en sanciones impuestas por la autoridad laboral y ha sido penalizada reiteradamente por las mismas prácticas. El procedimiento de Inspección establece que, tras detectar fraude, se ordena su corrección y el pago de las cuotas adeudadas a la Seguridad Social. Si la empresa reincide, se impone una sanción que generalmente duplica el importe a pagar.

Desde hace años, la Inspección de Trabajo sigue de cerca el modelo laboral de Glovo. Según fuentes conocedoras, el Ministerio de Trabajo ha movilizado a unos 200 inspectores en los últimos años —aproximadamente el 20% del cuerpo— para supervisar la situación. Gracias a estas actuaciones, se ha identificado la relación laboral encubierta de unos 60.000 'riders' desde que la empresa comenzó a operar en España en 2015.