SEPI lanza un examen exhaustivo de sus empresas, alianzas y oficinas para blindarse por el impuesto a multinacionales

España aprobó definitivamente muy a finales del año pasado la reforma fiscal para sumarse a la iniciativa internacional para garantizar que las grandes multinacionales paguen un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. El proyecto, impulsado por la organización de países desarrollados OCDE, avalada por el G-20 y regulada también por la UE y por sus estados miembros, busca garantizar un impuesto mínimo a los grandes grupos empresariales con el objetivo poner fin a las prácticas fiscales de las empresas multinacionales que trasladan beneficios a países o territorios con bajas imposiciones para reducir artificialmente su factura fiscal.

Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, la nueva fiscalidad mínimo afectará el caso del mercado español a unos 125 grupos con matriz española y a otros más de 700 grupos extranjeros con filiales en España. En total, más de 800 multinacionales con presencia o con sede en España que facturan más de 750 millones de euros cada año deberán pagar un impuesto complementario en el caso de que estén tributando de manera efectiva menos con un tipo de menos del 15% en su impuesto de sociedades.

Entre las compañías a las que se les aplicará el tipo mínimo se encuentra la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding público que agrupa participaciones directas en más de una veintena de grandes compañías y paquetes indirectos en más de un centenar, y cuya facturación anual ronda los 6.000 millones de euros. Para blindarse ante la entrada en vigor del nuevo impuesto mínimo y asegurarse del cumplimiento de la nueva normativa, la SEPI ha puesto en marcha un análisis exhaustivo de todas sus compañías, de todas las alianzas en las que participaba y de todas las oficinas y sucursales por todo el mundo.

SEPI es el brazo inversor con el que el Estado controla multitud de empresas total o mayoritariamente públicas, como Correos, Navantia, RTVE, Agencia Efe, Tragsa, Enresa, Enusa, Ensa, Hunosa o Mercasa. El holding gigantesco que también controla participaciones minoritarias en grupos de sectores estratégicos, como Telefónica (con un 10% desde el año pasado), el grupo tecnológico de defensa Indra (con un 28%), el grupo de satélites Hispasat (7,41%), el fabricante aeronáutico Airbus (4,12%), Alestis Aerospace (24,05%), Ebro Foods (10,36%), el operador del sistema gasista Enagás (5%), el gestor del sistema eléctrico Redeia (20%), el holding aéreo IAG (2,53%) o la tecnológica Epicom (con un 40%).

Investigación del entramado empresarial

El grupo estatal está obligado a tributar ese mínimo impositivo para grandes multinacionales. La tributación efectiva se realizará en 2026 en base a los resultados anuales obtenidos en el ejercicio 2024. Y dado el complejo conglomerado de sociedades controladas, la compañía necesita hacer una radiogafía de todas sus participaciones y de todas las nuevas obligaciones tributarias que derivan de su presencia a través de estas compañías en decenas de países en todo el mundo. SEPI ha lanzado una licitación pública para contratar a una firma financiera para realizar tareas de asesoramiento técnico y tributario para blindarse de cara al cumplimiento íntegro de sus obligaciones fiscales. El contrato cuenta con un presupuesto estimado de casi 230.000 euros.

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El Gobierno quiere identificar al milímetro el perímetro de empresas que forman parte de SEPI y que están sometidas a los efectos del impuesto complementario. La corporación encargará la ejecución de una investigación exhaustiva tanto en España como en el extranjero de todas las sociedades, oficinas permanentes, sucursales, compañías con participaciones minoritarias, uniones temporales de empresas y alianzas del Grupo SEPI y la elaboración de un análisis para determinar las que deben ser consideradas dentro del perímetro afectado por el impuesto mínimo y las que quedan excluidas.

La directiva europea sobre el nuevo impuesto global reconoce la figura de ‘puertos seguros’, para referirse a los países en los que las multinacionales pueden quedar exentas de abonar el tipo mínimo en determinadas circunstancias (como que la facturación del grupo en esos mercados sea inferior a 10 millones o que ya se aplique una tributación nacional que haga que la compañía pague ya más del 15% para el ejercicio 2024, por ejemplo).

SEPI quiere que el asesor fiscal adjudicatario del contrato también identifique claramente los países en que sus empresas filiales o participadas puedan quedar fuera del ámbito de aplicación del impuesto adicional para 2024. Y a la postre, el asesor tributario también deberá hacer un cálculo exacto de los importes adicionales que le tocará abonar a SEPI en concepto de impuesto complementario y de los ahorros especiales en virtud de las excepciones por los ‘puertos seguros transitorios’.

Dos tipos mínimos que conviven

España se adelantó a la directiva de la UE y ya en 2022 entró en vigor un impuesto mínimo del 15% para sociedades con una facturación superior a 20 millones de euros y todos los grupos de empresas. La transposición de la directiva europea sobre el nuevo tipo mínimo a escala internacional implica una adaptación de la regulación nacional española. rtes.

El tipo mínimo del 15% que entró en vigor en 2022 España se aplica sobre la base imponible del impuesto de sociedades. Mientras que la nueva tributación del 15% global va dirigida a grupos multinacionales con una facturación superior a 750 millones y se aplicará, no sobre la base imponible del impuesto, sino sobre el 'resultado contable ajustado', tal como ha sido definido en la directiva europea para todos los países de la UE. La nueva figura del 15% coexiste con el tipo mínimo del 15% que existe en España desde 2022, pero se ha dispuesto un mecanismo para evitar la doble tributación en los grupos a los que se les aplique los dos (los que facturan más de 750 millones).