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Mercado laboral

¿Quién gana y quién pierde con el fracaso de la reducción de jornada? Estos son los sectores más afectados

Las mujeres, los trabajadores del sector servicios, pero también de la industria, y los empleados con peores salarios son los más perjudicados por la no aprobación de la norma

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados. / Ricardo Rubio - Europa Press / Europa Press

Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona

El Congreso de los Diputados se prepara para tumbar el proyecto de ley que pretende reducir la jornada laboral máxima en España a 37,5 horas semanales. PP, Vox y Junts, que suman una mayoría de parlamentarios en la cámara baja, ya han avanzado que votarán en contra de la tramitación de la norma. Un resultado que supondrá un revés para el Gobierno- que pretende hacer de esta ley su medida estrella en lo laboral esta legislatura-, para los sindicatos -que han avalado el texto y han hecho suyas sus reivindicaciones- y para unos 12 millones de asalariados en toda España, que verían reducido en mayor o menor medida su tiempo de trabajo. Y un alivio para las arcas empresariales, que deberían asumir un incremento de costes laborales para costear la medida.

No en todos los sectores y no todos los perfiles el impacto de la norma sería igual. Las mujeres, los trabajadores del comercio y la hostelería, pero también de la industria y la agricultura, así como los empleados con peores salarios -variables que muchas veces cohabitan- son los más perjudicados por la no aprobación de la norma. En el otro lado de la balanza, las organizaciones empresariales aguardan satisfechas el resultado de este 'primer asalto' parlamentario, sabedoras que la reducción de la jornada por ley les implicaría a muchas corporaciones un incremento de costes laborales.

Trabajadoras a tiempo parcial

Uno de los colectivos que más directamente se verán perjudicados serán aquellos que hoy tienen un empleo a tiempo parcial. Tal como está redactado el texto que pactó el Ministerio de Trabajo con los sindicatos, reducir la jornada máxima se hubiera traducido en el incremento automático de sueldo para tres millones de personas en toda España. Y es que pasar de una referencia de 40 horas semanales a 37,5 horas hubiera supuesto un incremento del precio por hora trabajada. Y ello hubiera obligado a las empresas a pagar más sueldo por las mismas horas a aquellos empleados a tiempo parcial, de la misma manera que hubieran tenido que pagar el mismo sueldo por menos horas a los empleados a tiempo completo.

Según los últimos datos disponibles del INE, en España hay tres millones de empleados a tiempo parcial y el 73% de estos son mujeres. Limpiadoras de edificios públicos, repartidores de comida a domicilio, monitores de comedor escolar, profesores de academia o profesionales de la hostelería son algunos de los ejemplos donde los contratos a jornada parcial son más habituales.

De los servicios a la industria

El impacto de la reducción de la jornada por ley hubiera sido sustancialmente transversal. Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Trabajo, el 12,6% de los asalariados en España cubiertos por un convenio colectivo trabaja hoy ya menos de 37,5 horas semanales, muchos de estos se rigen por un convenio de empresa. El resto hubiera visto disminuida en mayor o menor medida su jornada, así como aquellos empleados que no se rigen por un convenio -como sucede, por ejemplo, con las trabajadoras del hogar-.

El impacto es generalizado y, según cálculos del Ministerio, alrededor de 12 millones de trabajadores se verían beneficiados por la norma. En Catalunya, según esos mismos cálculos, serían unos dos millones de empleados. Grandes gremios como la construcción, la hostelería, la industria manufacturera, las oficinas y despachos o el comercio minorista, entre otros, tiene convenios por encima de las 37,5 horas semanales. Si bien hay sectores que en algunos territorios ya trabajan 37,5 horas, mientras que en otros tienen jornadas superiores. Es el caso, por ejemplo, de la hostelería, que en Navarra o en Gipuzkoa tienen pactadas las 37,5 horas, pero en Barcelona o Girona hacen 40 horas.

Trabajar más de 40 horas a la semana, ya sean ordinarias o acumulando extraordinarias, es especialmente habitual en la construcción, la industria manufacturera y en las empresas de información y comunicaciones, tal como evidencian los últimos datos del INE. Menos habitual es en la educación o en determinadas actividades sanitarias, si bien allí el mayor peso de las jornadas parciales tendría un efecto salarial, más que de reducción del tiempo.

Pierde Díaz, gana la CEOE

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, confía en hacer de la reducción de la jornada laboral su medida estrella esta legislatura. Ya ha adelantado que el previsible revés de este miércoles no pone fin a sus pretensiones en este ámbito y que volverá a llevar el proyecto de ley al Congreso para poder sacarlo adelante antes de las próximas elecciones generales. La líder de Sumar deberá asumir el coste político de esta derrota parlamentaria, a la vez que tratará que la misma desgaste a quien vote en contra, sean sus oponentes y/o potenciales socios en un futuro.

"Se van a retratar", ha ido repitiendo Díaz durante los últimos días, recordando que la medida concita amplios apoyos entre la ciudadanía, tal como evidencian sondeos como el último del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). Según el mismo, ocho de cada 10 catalanes están a favor de la medida. Incluso entre los electorados de PP, Vox y Junts, según ese mismo sondeo, esta ley reúne más partidarios que detractores.

Desde el otro lado del tablero sonríen las patronales. Desde la CEOE, pasando por Foment del Treball o Pimec, las principales asociaciones de empresarios se han ido posicionando durante los últimos meses en contra de la medida. Principalmente aludiendo al incremento de costes que ello les supondrá. Según una estimación de la patronal Cepyme, disminuir por ley la jornada a 37,5 horas semanales se traduciría en un aumento de costes medio del 6%.

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