El Gobierno supedita la aprobación del ERE de Telefónica a que sea “siempre con acuerdo de los sindicatos”

Telefónica ha puesto en marcha el proceso para ejecutar un gran ajuste de plantilla en España. La teleco ha comunicado a los sindicatos con mayor representación en la compañía (UGT, CCOO y Sumados-Fetico) su intención de lanzar ERE en siete sociedades, pero no desvelará la cifra de trabajadores afectados por el despido colectivo hasta la próxima semana, cuando se formen las mesas de negociación en cada una de las empresas. Se da por hecho, no obstante, que se situará entre las 6.000 y los 7.000 salidas.

El nuevo ajuste de plantilla en Telefónica forma parte de las iniciativas de recorte de costes incluidas por la cúpula de la teleco en el nuevo plan estratégico para el próximo lustro. Una nueva hoja de ruta presentada hace dos semanas por el presidente Marc Murtra y que contó con el apoyo unánime del nuevo núcleo duro de accionistas del grupo, entre los que se encuentra el Estado español (con una participación 10% a través del holding SEPI) y también Arabia Saudí, CriteriaCaixa (ambos con un 10%) y BBVA (con cerca de un 5%).

El Gobierno dio así a respaldo a las medidas de reducción de costes contempladas en el plan estratégico, incluido el ajuste de plantilla. Pero desde el Ejecutivo también se reclama que cualquier medida de este tipo se ejecute sólo si hay un pacto con los sindicatos de la compañía y se supedita la aprobación del proceso a que haya pacto con los representantes de los trabajadores.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defendió este lunes que el expediente de regulación de empleo (ERE) de Telefónica deberá desarrollarse necesariamente en el marco de un proceso de acuerdo con la representación de los trabajadores. "En relación con Telefónica, la posición del Gobierno va a ser muy clara. Lo que ocurra tiene que ser siempre con acuerdo de los sindicatos", sentenció López.

En anteriores recortes de empleo por parte de Telefónica, y de otras operadoras de telecomunicaciones, el Ejecutivo ha subrayado de manera permanente que ha velado por que las medidas fueran lo menos dolorosas posibles y por que compañías y sindicatos acordaran las condiciones de las salidas. Pero en esta ocasión se da la circunstancia particular de que el Gobierno es accionista de referencia de la compañía que ejecutará el ERE y se sienta en el consejo de administración que ha refrendado la medida.

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