Greenpeace afirma que la prórroga de Almaraz durante tres años encarecería la factura eléctrica al ciudadano en más de 3.800 millones

Prolongar la vida útil de la central nuclear de Almaraz durante solo tres años supondría un sobrecoste acumulado de 3.831 millones de euros para los consumidores eléctricos y provocaría una pérdida de inversión en energías renovables superior a los 26.000 millones de euros hasta 2033. Así lo señala el informe "Cierre nuclear y transición energética: el caso de Almaraz", elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a petición de Greenpeace, que concluye que el cierre programado de la planta sería técnica, ambiental y económicamente más eficiente que su prórroga.

Cabe recordar que Almaraz es la primera nuclear en el calendario de cierre, cuya unidad I se desconectará en noviembre de 2027 y la unidad II en octubre de 2028. Posteriormente iría, en 2030, se desmantelarán Ascó I y Cofrentes; en 2032, Ascó II; y en 2035, Vandellós II y Trillo. El Gobierno ha recibido la petición de prórroga de Almaraz, que ya estudian los técnicos del Consejo Nacional de Seguridad Nuclear.

Tres escenarios analizados

El estudio, realizado por el director de la Cátedra de Transición Energética de la URJC, Eloy Sanz Pérez, y por el investigador de la UPC, Víctor García Carrasco, compara tres escenarios: el cumplimiento del calendario actual de cierre, una prórroga hasta 2030 y una prórroga acompañada de una desaceleración del despliegue renovable ante la expectativa de extensiones similares en el resto del parque nuclear.

A partir de simulaciones horarias detalladas del periodo 2026-2033, el análisis integra la evolución de la demanda eléctrica, el despliegue previsto de energías renovables, el almacenamiento, el cierre nuclear y la formación de precios en el mercado mayorista.

Los investigadores concluyen que la prórroga generaría un alivio "transitorio" en los precios de la electricidad entre 2028 y 2030, pero que a partir de 2031 provocaría un incremento sostenido del coste de la electricidad. En 2033, el precio del mercado mayorista alcanzaría los 63,5 euros por megavatio hora, frente a los 58 euros del escenario de cierre, lo que equivaldría a un incremento del 9,5%.

Impacto económico y renovables

Según el informe, este diferencial se traduciría en un sobrecoste acumulado de hasta 3.831 millones de euros en la factura eléctrica. Además, la incertidumbre generada por la prórroga desincentivaría la inversión en energías renovables y almacenamiento, con una pérdida estimada de hasta 26.129 millones de euros entre 2026 y 2033.

En este sentido, los autores señalan que la cobertura renovable del sistema eléctrico en 2030 se reduciría del 65,8% al 59,3% en el escenario de prórroga, lo que retrasaría de forma significativa la entrada de nueva capacidad limpia. Por el contrario, el cierre permitiría integrar hasta 3,8 teravatios hora (TWh) anuales de energía renovable actualmente desaprovechada.

Seguridad del suministro

El informe también aborda la estabilidad del sistema eléctrico tras el cierre de Almaraz, una cuestión que ha generado preocupación social desde el apagón del 28 de abril de 2025. Según el análisis, el 96,4% de la electricidad generada por la central podría ser sustituida por energías renovables inmediatamente después de su clausura, sin necesidad de aumentar el uso de gas.

De este modo, los investigadores descartan una dependencia estructural del gas asociada al cierre en los términos actualmente acordados y defienden que el suministro eléctrico quedaría garantizado.

Emisiones y costes climáticos

En términos de emisiones, el estudio identifica una reducción temporal del uso de ciclos combinados entre 2028 y 2030 en los escenarios de prórroga. Sin embargo, este efecto se revertiría tras el cierre definitivo de la central, dando lugar a un sistema menos renovable y más dependiente del gas.

Entre 2026 y 2033, las prórrogas generarían entre 5,8 y 12,3 millones de toneladas adicionales de CO2 equivalente respecto al escenario de cierre, lo que implicaría un coste de hasta 984 millones de euros en derechos de emisión, repercutidos directamente en el precio de la electricidad.

Decisión empresarial

El informe también analiza el reciente cambio de postura de las compañías propietarias de Almaraz, que han solicitado oficialmente una prórroga hasta 2030. Según el estudio, esta decisión respondería a criterios empresariales vinculados a la previsión de un aumento del 30% en el precio del gas respecto al periodo 2015-2018, lo que permitiría mayores beneficios en el mercado eléctrico.

"El ahorro inicial en precio y emisiones de una prórroga se convertiría en un sobrecoste estructural a medio plazo", ha señalado Sanz Pérez, al advertir de que la prórroga frenaría la entrada de renovables y prolongaría la dependencia del gas, la tecnología que marca el precio del mercado mayorista.

Por su parte, el responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, Francisco del Pozo, ha afirmado que los datos del informe muestran que mantener el calendario de cierre acordado, incluida la clausura de Almaraz I en noviembre de 2027, sería la opción más coherente con los objetivos de descarbonización, estabilidad del sistema eléctrico y protección del bolsillo de la ciudadanía.