Yolanda Díaz plantea bajar impuestos a aquellas empresas que permitan a sus trabajadores participar de la dirección

El Ministerio de Trabajo ha planteado que aquellas empresas que permitan la participación de sus trabajadores en los órganos de dirección puedan pagar menores impuestos, accedan a algún tipo de incentivos fiscal o tengan prioridad para ganar contratos públicos. Así lo ha explicado este martes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La líder de Sumar comienza a desgranar las líneas maestras de la reforma sobre la gobernanza empresarial, que pretende emular modelos ya asentados en países como Alemania y dar más participación de los representantes sindicales en la dirección de las corporaciones.

El pasado 2 de febrero, Díaz dio el pistoletazo de salida a una de las reformas recogidas en el acuerdo de legislatura y que pretende incidir en uno de los campos más delicados de las relaciones laborales: quien toma y participa en las decisiones clave de una empresa. A día de hoy, en las sociedades mercantiles -otra cosa son las cooperativas-, las decisiones clave las toma o bien directamente el propietario, o bien una persona de su confianza en su nombre, como un gerente o director general. Los comités de empresa, si existen, tienen derecho a recibir determinadas informaciones, pero no suelen incidir en la organización del trabajo o en la toma de decisiones empresariales que puedan acabar determinando el devenir de una firma.

Ahora, el Ministerio de Trabajo plantea introducir cambios legales sobre las reglas que marcan esta gobernanza e incidir no a través de una intervención de la propiedad de las empresas, sino de un juego de incentivos y penalizaciones para que sean estas las que, por su iniciativa, decidan dar más voz o no a sus empleados. Para ello, Trabajo plantea crear un "índice de desarrollo democrático corporativo", que mida hasta qué punto las corporaciones permiten que la representación de los trabajadores participe de la gobernanza.

Y en función de los puntos que cada compañía reuna en dicho índice, "recompensar" con "tipos impositivos reducidos y prioridad en la contratación pública" a las que saquen una nota alta. Por el contrario, se penalizaría a las que sacaran una nota baja, sin bien desde el Ejecutivo todavía no han especificado cómo. "Las empresas que mantengan modelos arcaicos y de alta fricción asumirían los costes sociales que actualmente externalizan a los poderes público", reza el documento que ha exhibido Díaz este martes en rueda de prensa.

Reunión a principios de marzo

La vicepresidenta segunda ha anunciado que en 15 días citará a patronal y sindicatos para comenzar a abordar esta reforma, que llega con los tiempos justos para poder prosperar durante esta legislatura. Especialmente si se tiene en cuenta la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo, que ya ha provocado que otras reformas de calado que se han planteado, como la reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales, hayan fracasado en el Congreso.

El punto de partida desde el que quiere salir Trabajo es que en las empresas de entre 50 y 1.000 empleados, un tercio de los asientos de sus consejos de administración los ocupen representantes de los trabajadores. Y, en compañías de mayor tamaño, que sean la mitad. Esta medida se inspira de modelos como el que impera en Alemania, donde la 'cogestión' hace décadas que impera. Por ejemplo, el presidente del comité de empresa de la Seat, Matías Carnero, participa del consejo de dirección del grupo Volkswagen (empresa matriz).

Desde Trabajo también quieren incentivar que los empleados de una compañía asuman la dirección y propiedad de la misma en caso de jubilación o fallecimiento del propietario y así mantener la propiedad productiva y evitar el desballestamiento de la firma ante la falta de sucesión familiar.

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