Vivienda
Alquiler Seguro recurrirá la sanción de 3,6 millones de Consumo: “Las acusaciones son falsas y vulneran los derechos fundamentales”
El ministro Pablo Bustinduy rechazó el recurso interpuesto por la inmobiliaria
La compañía alega que el planteamiento de Consumo "carece de base fáctica"
Archivo - Una oficina de Alquiler Seguro junto a otra de Tecnocasa / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
La inmobiliaria Alquiler Seguro recurrirá la sanción de 3,6 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo ante el Contencioso-Administrativo. La compañía ha aseverado este jueves que “las acusaciones no solo son falsas, sino que vulneran derechos fundamentales como la presunción de inocencia y la libertad de empresa”.
“Consumo realiza una interpretación parcial y sesgada”, han señalado desde la inmobiliaria. “Toda esta situación es una cuestión política y no legal. Sin embargo, genera un daño reputacional incalculable, tanto en este momento como en ocasiones anteriores”.
La respuesta de la empresa llega después de que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agencia 2030, Pablo Bustinduy, confirmará este miércoles la multa de 3,6 millones de euros por presuntas prácticas abusivas contra sus inquilinos. El titular de Consumo rechazó el recurso interpuesto por la la compañía este miércoles.
El Ministerio de Consumo ha respondido a la última acción legal presentada por Alquiler Seguro este jueves y ha cuestionado la interpretación que la empresa hace de diversas resoluciones judiciales. La compañía, según Consumo, "omite sistemáticamente" una sentencia reciente que afecta directamente a su modelo de negocio. Consumo reconoce, además, que Alquiler Seguro ha citado otras tres sentencias para defender su actuación, pero matiza su alcance. Según el Ministerio, estos precedentes "en ningún caso contravienen la sanción impuesta por el Ministerio".
La pelea jurídica entre el Ministerio de Consumo y Alquiler Seguro lleva más de un año en curso. El Ministerio abrió un expediente sancionador en marzo del año pasado tras lanzar una investigación en noviembre de 2023. La investigación se lanzó tras varias denuncias del Sindicato de Inquilinas-CECU, FACUA y la OCU.
El litigio se centra principalmente en testimonios de inquilinos que alegan que tuvieron que contratar de forma obligatoria servicios adicionales para acceder a la vivienda, como un seguro de atención al inquilino (SAI). “Este servicio es completamente voluntario”, ha insistido Alquiler Seguro este jueves. “Como prueba, el hecho de que hay más de 250 arrendatarios que no lo han suscrito y que residen en inmuebles gestionados por la empresa”.
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