Colegio de Abogados de Málaga: pionero en la plataforma digital en su centro MASC
Esta nueva herramienta de Medios Adecuados de Solución de Controversias y los espacios creados para su desarrollo, serán inaugurados oficialmente el próximo jueves 15 de mayo

El Colegio de Abogados de Málaga ha creado una nueva plataforma digital y ha habilitado dos salas en su sede principal. / l.o.
El Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, ha creado una nueva plataforma digital de Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) y ha habilitado dos nuevas salas como espacios dedicados a este fin en la sede principal. La presentación oficial de estas iniciativas tendrá lugar el próximo 15 de mayo, en el que se inaugurarán también las referidas salas, que llevarán los nombres de las Letradas María Augusta Navarro Ruiz, primera letrada ejerciente del Colegio de Abogados de Málaga y de Ana Avellaneda Martínez (qepd), que fuera miembro de la Junta de Gobierno y experta en Mediación.
“Ante la crisis de los sistemas judiciales, desde hace décadas en muchos países se vienen promoviendo otras vías alternativas a los tribunales de justicia como la conciliación, la mediación, el arbitraje o la negociación. Entre ellas, estos medios de gestión de conflictos y resolución de controversias pueden dar respuesta eficaz y satisfactoria a los ciudadanos. Con la creación de un Centro MASC propio, al servicio de la sociedad para facilitar la solución de desencuentros por el mutuo acuerdo, el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga se implica activamente en este nuevo modelo basado en la cultura del entendimiento, avanzando en la función social que constituye uno de sus fines. Esta nueva plataforma MASC y la habilitación de nuevos espacios suponen un paso firme y decidido en este compromiso”, ha explicado Flor Carrasco, Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.
Herramienta al servicio de los abogados
La nueva plataforma digital MASC surge con la intención de facilitar a los abogados de este Colegio el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad que establece la Ley 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que en su artículo 5 establece lo siguiente: “En el orden jurisdiccional civil, con carácter general, para que sea admisible la demanda se considerará requisito de procedibilidad acudir previamente a algún medio adecuado de solución de controversias de los previstos en el artículo 2”. Además, se favorece la descongestión judicial, así como se dota de mayor protagonismo a la figura del abogado, asegurando su intervención eficaz y reconocida en la resolución de conflictos.
“La publicación, el pasado 3 de enero, de la Ley orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha supuesto un hito muy importante en la forma en que los abogados y abogadas abordamos nuestro trabajo. El espíritu de la norma radica en la necesidad de buscar una solución negociada a los conflictos, de manera que se evite, en lo posible, la judicialización de los mismos. Impone la ley la obligación de que las partes desplieguen un esfuerzo para alcanzar un acuerdo, con carácter previo a presentar una demanda. Dicho esfuerzo debe quedar debidamente registrado, de manera que la ley exige que, para el caso de no lograrse el ansiado acuerdo, con la demanda se aporten los documentos que justifiquen que ese esfuerzo negociador realmente se ha producido. Y ello con carácter de requisito de procedibilidad, sin el cual la demanda no sería admitida a trámite”, ha manifestado Josefa Corbacho, presidenta de la Comisión de Medios Adecuados de Solución de Conflictos (MASC) del Colegio de Abogados de Málaga.
Negociación privada y oferta vinculante
Tal y como ha explicado Josefa Corbacho, de entre todos los MASC regulados en esta ley, hay dos que no requieren intervención de tercero neutral, y que las partes o sus abogados, pueden elegir para resolver la controversia existente entre ellas: la negociación privada entre partes y la oferta vinculante. La negociación privada exige la identificación de las partes, el objeto del conflicto y la documentación de todos los hitos que se produzcan en el desarrollo de la misma. La oferta vinculante exige la creación y el envío de las ofertas vinculantes, la certificación de contactos y contenidos, así como la supervisión de la trazabilidad.
“Ante esto, dados los requisitos de documentación que la ley impone para probar que ha existido negociación o que se ha emitido la oferta vinculante, y como quiera que el contenido material de la negociación es estrictamente confidencial, el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga ha desarrollado esta plataforma informática, que ha puesto a disposición de sus colegiados para dar cumplimento a la norma y, paralelamente, preservar la confidencialidad de las comunicaciones entre sus abogados. A través de esta herramienta, pionera en nuestro país, los abogados pueden, antes de iniciar un proceso judicial, remitir a la parte contraria una invitación a negociar, con lo que, de forma muy fácil, y con sólo rellenar unos pocos datos esa invitación se cursa a través del Colegio, que la remite al destinatario, de manera fehaciente, junto con los documentos exigidos que prueban la apertura de un expediente en el que se registrará toda la negociación como MASC”, ha continuado Josefa Corbacho.
Esta herramienta informática se complementa con la creación, en todas las sedes colegiales, de espacios seguros de negociación, que consisten tanto en salas físicas en las que las partes pueden reunirse presencialmente, como salas virtuales que, igualmente, el Colegio de Abogados pone a disposición de sus colegiados.
“La sociedad civil debe asumir un mayor protagonismo y en ese marco es necesario potenciar la capacidad del pacto y el entendimiento. Con estas herramientas se pretende, que los MASC sean accesibles con carácter general a todas aquellas personas que necesiten de este recurso, con independencia de su situación económica, ya sea totalmente gratuita o con un coste mínimo razonable”, ha apuntado Flor Carrasco, quien ha recordado que el Centro MASC está integrado por un grupo de expertos profesionales del derecho.
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