«Los MASC en lo social necesitan financiación y apoyo de la Administración»

Así lo afirma, Eduardo Ruiz, presidente del colegio oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, al referirse a la puesta en marcha el 3 de abril de este año de la nueva Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

La nueva Ley Orgánica 1/2025 incorpora una novedad importante para aliviar el colapso que padece la Administración de Justicia en general, se trata de la exigencia de realizar procesos de mediación previa a la vista oral, como alternativa a la sentencia judicial, procurando facilitar que los procesos iniciados entre las partes en conflicto obtengan una más rápida solución y un menor coste económico, tanto para las partes implicadas como para la Administración de Justicia, sin descartar el también alto coste emocional para los afectados por los procesos al alargarse en el tiempo, da manera muy prologada.

Esta novedad de la incorporación por la LO 1/2025 de la mediación, por el momento, solo afecta a las jurisdicciones civil y mercantil, pero es muy destacable tener en cuenta, que, mediante otras vías legales, la mediación se viene usando con gran éxito en los asuntos de familia (Ley 15/2003, de 8 de abril, de la Mediación Familiar), penales (la justicia restaurativa) y, por supuesto, laborales mediante Real Decreto-ley 5/1979, de 26 de enero, sobre creación del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación y la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social, introduciendo, como norma general, que toda demanda debe ir acompañada del certificado que acredite el intento de conciliación o mediación previa.

En definitiva, es patente que con las sucesivas reformas procesales se pretende que las propias partes que intervienen en el proceso del conflicto, tanto extrajudicial como a nivel intrajudicial, tengan las vías necesarias para que por su autocomposición (el acuerdo de voluntades entre las partes) alcancen una solución eficaz, económica, rápida y con resultados que duren en el tiempo.

Todo ello, que, desde nuestro colectivo de Graduados Sociales, apoyamos sin reserva, dado que nuestra tradición profesional, especializada en el ámbito sociolaboral, ha venido practicando de manera constante y con grandes resultados, pues, gracias a la actuación cada día de los graduados y graduadas sociales, se alcanzan acuerdos tanto por la vía de la conciliación como de la mediación, precisa de una apuesta decidida por parte de las administraciones que doten de medios adecuados a estos MASC.

Muestra de la colaboración de nuestro colectivo, a nivel andaluz, el pasado 18 de diciembre, se alcanzó un acuerdo muy importante con la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, por el cual los 8 colegios andaluces de graduados sociales crean bolsas de mediadores para reforzar estas vías de resolución de controversias, en este caso, dentro del propio proceso judicial laboral.

Finalmente, quiero hacer un llamamiento a las administraciones públicas para que refuercen estos apoyos a los profesionales graduados sociales que intervienen en los MASC y, también, a la ciudadanía, para que se acerque a la práctica de estas nuevas vías que le puede beneficiar en la búsqueda de una solución eficaz a sus asuntos, evitándose el gran desgaste que supone someterse a un proceso judicial.

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