Sólo una veintena de diputados que han causado baja con el final de la XI legislatura han renunciado a la llamada indemnización de transición que otorga el Congreso, un pago único de dos mensualidades de salario íntegro que se cobra como compensación económica hasta el día de las elecciones.

El Congreso de los Diputados ha publicado hoy en su Portal de Transparencia los nombres de los más de 200 diputados que sí han solicitado esa indemnización, incompatible con cualquier otra remuneración pública o privada.

Tampoco tienen derecho a pedir la indemnización por transición los 121 diputados -entre titulares y suplentes- que son miembros de la Diputación Permanente del Congreso, el único órgano de la Cámara que permanece de guardia una vez disueltas las Cortes.

A la Diputación Permanente pertenecen la plana mayor de cada uno de los grupos parlamentarios, diputados que seguirán percibiendo su remuneración íntegra hasta la constitución del nuevo Congreso que salga de las urnas, prevista para el próximo 19 de julio.

Entre quienes han renunciado a la ayuda, los más numerosos son los del grupo parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea -11 en total-, seguido del PP, con ocho.

De Ciudadanos no ha renunciado ninguno a esa cantidad, mientras que sólo han rehusado a ella un único diputado del PSOE, de ERC o de Bildu.

Con nombre propio y por ser más conocidos, destaca Alberto Rodríguez, diputado de Podemos por Santa Cruz de Tenerife, o la exjueza Victoria Rosell, que ha pedido el reingreso en la carrera judicial.

Tampoco han solicitado la indemnización aquellos diputados que, sin formar parte de la Diputación Permanente, ocupan otros cargos en la administración incompatibles con su cobro, como es el caso de los secretarios de Estado Tomás Burgos y José María Lassalle.

Además de esta indemnización de transición, la Mesa del Congreso ha acordado también que todos los diputados puedan quedarse durante este periodo con los teléfonos y las tabletas nuevas que se les facilitaron al inicio de la XI legislatura, aunque con el compromiso de su devolución si no resultan elegidos en los comicios del 26 de junio.

No obstante, si algún diputado que no repita en la próxima legislatura desea quedarse con el teléfono o la tableta, se le ofrecerá su venta "a precio de mercado" ya que se encuentran prácticamente nuevos.

En el caso del Senado, sólo trece senadores han renunciado a esa indemnización de transición que, en la Cámara alta está fijada en 154,54 euros diarios desde la disolución de las Cortes hasta el día de las elecciones, en total 8.345,16 euros cada uno.

Al igual que en el Congreso, no todos los senadores tienen derecho a esta ayuda, ya que los 71 parlamentarios que permanecen en la Diputación Permanente tampoco han causado baja y siguen cobrando sus emolumentos con normalidad.