­La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) presentó ayer una batería de propuestas de cara a las elecciones municipales del 24 de mayo que piensan presentar a los partidos políticos en las diferentes reuniones que mantengan de aquí a la fecha de los comicios. Acabar con la morosidad de las instituciones públicas con sus empresas proveedoras, agilizar trámites administrativos para facilitar la creación de empresas y «optimizar» el tamaño y la organización de la administración municipal fueron algunas de las iniciativas propuestas. El presidente de la CEM, Javier González de Lara, recordó que más del 70% de los ayuntamientos malagueños abona sus facturas con sus firmas proveedoras en un plazo superior a los 30 días, incumpliendo lo establecido en la Ley de Morosidad. Según los datos de la CEM, sólo 27 municipios abonan sus deudas en el plazo permitido (entre ellos el Ayuntamiento de Málaga).

González de Lara, que estuvo acompañado por el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Jerónimo Pérez Casero, y por la secretaria general de la CEM, Natalia Sánchez-, apuntó que el «alto índice» de morosidad mostrado por algunos ayuntamientos en los últimos años ha causado durante la crisis «graves prejuicios, cuando no el cierre» de muchas empresas proveedoras, debido a la «desmesurada tardanza» en el pago. De hecho, hay facturas antiguas que todavía no han sido abonadas pese a los planes de pago a proveedores aplicados por el Gobierno. La CEM cifra la actual deuda de los consistorios malagueños con sus proveedores en unos 100 millones de euros, correspondientes en su mayor parte a facturas no fiscalizadas de anteriores corporaciones.

El presidente de la CEM reclamó una «toma de conciencia» a las administraciones y propuso que éstas tengan también recargos cuando se demoran en el pago, como le ocurre a cualquier ciudadano o empresa. «Si nos retrasamos un solo día en el pago nos aplican sin piedad un recargo del 20% y luego vamos a vía ejecutiva ¿Por qué las administraciones sí tienen ese privilegio? Habría que revisar determinadas pautas y cuestiones», dijo.

La CEM también solicitó a los ayuntamientos una adecuación de estructuras a lo establecido por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. En concreto, se referió al «entramado» de organismos, empresas públicas, mixtas, fundaciones, consorcios o concesiones configurado a lo largo de los años por el Ayuntamiento de Málaga y otros municipios.

«No quiero señalar a ninguna en concreto, pero hay que hacer una reflexión. Hay que ver si es necesaria una estructura tan amplia. Se pueden fusionar, optimizar o gestionar mejor con una concentración», apuntó, recordando que el mismo discurso puede aplicarse a la «hipertrofiada» Junta de Andalucía. Los empresarios plantean así un «adelgazamiento» en las administraciones que las haga «más eficientes».

Entre las principales reclamaciones de la CEM, también destaca la simplificación de los trámites administrativos y mejorar la coordinación entre distintas instituciones públicas. Los empresarios recuerdan que son necesarios más de 60 trámites administrativos para crear una empresa, por lo que se tarda demasiado tiempo desde que se solicita una licencia de apertura hasta que ésta se concede. Eso no quita para que, según dijo González de Lara, durante este periodo la empresa ya comience a tributar, lo que demuestra, a su juicio, «el interés de las administraciones por recaudar» y «la escasa motivación en facilitar las cosas al ciudadano que inicia la aventura empresarial».

La CEM también solicitó una solución para la «inseguridad jurídica» que ha generado el estudio de inundabilidad de la cuenca del Guadalhorce, realizado hace unos meses por la Junta de Andalucía, y que, según explicó, mantiene paralizados importantes proyectos de inversión.