­IU-Málaga para la Gente se ha comprometido a garantizar que los servicios municipales sean «cien por cien públicos», de modo que haya «una mejor atención a la ciudadanía, a un coste menor y de una manera más eficiente, con un empleo, además, de calidad y con unos sueldos dignos».

«Donde, además, se respete el derecho a la información, con total transparencia en la gestión y en cuanto a la contratación de obras y servicios y del personal», subrayó ayer el cabeza de cartel de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla.

Este último, acompañado, entre otros, por trabajadores de la empresa mixta Limasa y de la municipal Limposam, expuso este lunes su modelo de gestión para los servicios públicos municipales.

Criticó que «el Gobierno del PP, con su política de privatizaciones, sólo está trayendo un peor servicio a la ciudadanía, un sobrecoste sobre las ya endeudadas arcas municipales y sobre los bolsillos de los malagueños, una vulneración de los derechos de los trabajadores y una precarización del empleo, además de problemas de opacidad y de falta de información, tanto a los representantes públicos como a los ciudadanos».

Frente a esta situación, el número uno de Málaga para la Gente denunció que sí se mantengan «unos altísimos sueldos, galácticos, para el personal directivo de empresas municipales como Limasa y, en menor medida, Limposam».

Acerca de la empresa mixta Limasa, incidió en que la limpieza es «uno de los principales problemas de los malagueños» y volvió a denunciar que todos los recortes recaigan en los trabajadores, especialmente en los eventuales, y no en la parte privada, que «sigue obteniendo unos beneficios multimillonarios, cuyo origen se sitúa en el que en su momento se denominó el contrato del siglo».

Ante esta situación, Málaga para la Gente insistió en su apuesta para la municipalización del servicio de limpieza, lo que supondría un ahorro en cinco años de hasta 47 millones de euros, que se podrían destinar a contratar a más personal y más medios técnicos para atender sobre todo a los barrios, «los grandes olvidados de esta política de privatización del equipo de gobierno de Francisco de la Torre».

También lamentó la «opacidad» que rodea a Limasa, poniendo como ejemplo que «en numerosas ocasiones hemos pedido información acerca de contrataciones sobre las que existen claros indicios de enchufismo y no se nos ha facilitado con la excusa de que es una empresa mixta -el 51% del accionariado corresponde a la parte privada-.