El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado que a partir de marzo comenzará el proceso de cobro de la parte variable de las becas de los alumnos españoles y ha culpado del retraso a Cataluña que, con 160.000 becarios, no había entregado aún sus datos.

"¿Por qué no hemos podido dar todavía la variable de este año a muchos becarios? Porque una Comunidad Autónoma no nos ha dado sus datos, se lo hemos reclamado. Esa comunidad es Cataluña, con 160.000 becarios, y mientras no conociéramos la realidad de esos becarios, era imposible llegar a una configuración total", ha indicado Méndez de Vigo en el Pleno del Senado.

Ahora que la Generalitat ha enviado ya firmado al Ministerio el convenio acordado entre ambas administraciones para la gestión de las becas y que estaba pendiente de la rúbrica del ejecutivo catalán, los alumnos de esta comunidad podrán cobrar la parte fija de su beca, y el total de becarios españoles, la cuantía variable. Los becarios cobran 1.500 euros de parte fija, otros tantos en concepto de residencia y un mínimo de 60 euros de variable.

En respuesta a una interpelación del grupo parlamentario socialista, el ministro de Educación ha defendido la modificación del sistema de becas realizado por el Gobierno del PP porque, según ha asegurado, el del Gobierno socialista era "insostenible" y generaba "déficit". Por ello, ha indicado que la labor del PP cuando llegó al Ejecutivo fue la de diseñar un nuevo sistema de becas que diese a los alumnos "seguridad y certidumbre".

Si bien, el senador socialista Francisco González Cabaña ha exclamado que "si la beca es un derecho, es un derecho" y, por tanto, cualquier persona por debajo de los niveles de renta que saque un 5 debería obtenerla independientemente de que haya déficit. "Si se ha gastado más, pues se quita de otro lado", ha enfatizado, al tiempo que ha planteado que "con el dinero de la amnistía fiscal hubieran tenido para pagar todas las becas".

González Cabaña ha acusado al ministro de defender unos principios como el de garantizar que ningún estudiante abandone por motivos económicos y luego poner en marcha políticas que no se corresponden con estos. En concreto, ha criticado que en cinco años de gobierno, el PP ha lanzado "el ataque más foribundo a la política de equidad" y "más de 100.000 estudiantes han tenido que abandonar".

Entre las causas, ha enumerado la subida del precio de la matrícula -"entre un 40 y un 60%-- o el aumento de los requisitos para obtener una beca. También ha puesto de manifiesto las diferencias de hasta 3.000 euros en los precios de las tasas de unas comunidades a otras.