El Ayuntamiento de Estepona dejará de cobrar en metálico. Es una de las medidas adoptadas por el gobierno municipal del Partido Popular tras detectar y denunciar la falta de 100.000 euros en la caja. A partir de ahora, los ciudadanos tendrán que saldar cualquier tipo de tasa, impuesto o pago pendiente al Consistorio mediante transferencias bancarias o con tarjeta, por muy pequeñas que sea la cantidad adeudada.

El objetivo es eliminar «completamente» la posibilidad de que en el futuro puedan producirse «irregularidades» como las detectadas hace ahora apenas una semana, explicó ayer el concejal de Economía, Manuel Aguilar.

Hasta el momento, delegaciones como las de Cultura, Deportes o Educación cobraban los cursos y actividades que ponían en marcha en dinero efectivo. Estas cantidades pasaban a la Tesorería municipal. La intención es que ahora estos cobros queden reflejados en la cuenta del Ayuntamiento.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, denunció el pasado lunes ante la comisaría de la ciudad la falta de unos 100.000 euros en las arcas públicas. Era la estimación inicialmente calculada por los trabajadores de la unidad de Intervención, que detectó las irregularidades e informó mediante un informe al regidor el día 13 de abril.

Fruto de esta denuncia, quedó apartado de sus funciones el Tesorero municipal, Félix Domínguez Pimienta, además de una de las tres trabajadoras que comparte labor con él en la unidad de Tesorería y que, hasta ahora, es la principal sospechosa en la investigación de los hechos.

El tesorero indicó al Ayuntamiento de presuntas irregularidades el pasado 16 de abril, en virtud de un informe al que ha tenido acceso La Opinión. Pero, el funcionario habilitado nacional únicamente advertía de dos operaciones anormales que afectaban al cobro de unos 3.000 euros.

Domínguez Pimienta explicó a este diario la existencia de distintas operaciones irregulares pero que en ningún caso ascendían a la cantidad denunciada por el regidor, 100.000 euros.

García Urbano presentó ayer nueva documentación a los agentes policiales y judiciales que investigan los hechos y confía en obtener resultados lo antes posible.

Las irregularidades detectadas según pudo saber este diario, se remontan a 2009 y se concentran especialmente hasta el año 2011. La auditoría, por tanto, se centra especialmente en la gestión de Dominguez Pimienta pero también en la efectuada por Javier Martín que trabajó en ausencia del anterior entre comienzos de 2010 y 2011.