El alcalde de Estepona, José María García Urbano, cesó ayer a tres trabajadores del Ayuntamiento que ocupaban un cargo de confianza designado por el equipo de gobierno del Partido Popular. La medida supone un ahorro de 120.000 euros anuales, destacó el regidor.

El despido de estos tres trabajadores eventuales supone una reducción en un 18% de este tipo de puestos. García Urbano resaltó ayer los 14 funcionarios eventuales que figuran en la plantilla municipal en la actualidad frente a los 21 contratados durante el mandato del Partido Socialista.

«Es una decisión muy difícil de aplicar», afirmó el munícipe quien recordó la «difícil» situación económica del Consistorio. El ejemplo más evidente es la formación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que formalizó el gobierno local del PP y que afectará a alrededor de 190 empleados.

El objetivo es reducir el gasto en nóminas en unos seis millones de euros para afrontar la devolución del préstamo bancario facilitado por el Gobierno central para saldar deudas con proveedores. En el caso de Estepona, son 60,7 millones de euros para finiquitar más de 5.000 facturas pendientes con más de 500 empresas locales.

El ERE ha puesto en pie de guerra a los representantes sindicales de Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, que ya han emprendido una recogida de firmas y han diseñado un calendario de movilizaciones.

«No puede ser que la única solución sea despedir», afirman los sindicalistas. El alcalde asegura que la medida se pone en marcha «después de un mes y medio de negociaciones en las que los sindicatos no han logrado ponerse de acuerdo», dijo.

Los miembros del comité de empresa recordaron que la asamblea de trabajadores aprobó por mayoría un conjunto de actuaciones para ahorrar seis millones. Una fórmula que rechazó el gobierno municipal del PP por considerarla «insuficiente».