13 de junio de 2012
13.06.2012
Laboral

La plantilla de Estepona protesta en contra de los 176 despidos del ERE

ATAE rompe la unanimidad en la mesa y no defiende las iniciativas planteadas por CCOO y UGT

13.06.2012 | 02:24
Protesta de los empleados de Estepona, ayer.

Los trabajadores municipales de Estepona ya están en pie de guerra. Ayer, decenas de empleados se concentraron vestidos de luto frente a la entrada del Palacio de Congresos. Allí se reunían miembros del gobierno local del Partido Popular y representantes sindicales. Era la primera vez que lo hacían tras la formalización del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 176 de los 950 empleados. El ruido de cacerolas, silbatos y pitos fue el sonido de fondo del encuentro.

Las pancartas decían: «no a los despidos». La misma postura que defienden los sindicatos, especialmente los mayoritarios, Comisiones Obreras, con ocho representantes en el comité de empresa, y Unión General de Trabajadores, con tres. La Asociación de Técnicos del Ayuntamiento de Estepona (ATAE), con dos vocales, se desmarcó ayer del pacto de unanimidad que tenían previsto plantear los tres sindicatos.

En reunión de comité, las tres secciones votaron a favor de plantear las seis medidas de ahorro defendidas hasta ahora en solitario por CCOO y UGT de forma unánime. La unanimidad era una de las condiciones exigidas por el regidor, Jose María García Urbano, para aceptarlas. Finalmente, ayer, ATAE no las apoyó en la mesa, informaron a este diario. Hay medidas que no comparten.

Medidas. En algo más de hora y media de reunión, los sindicatos expusieron sus propuestas: la amortización de vacantes presupuestadas, la eliminación de contratos eventuales, la quita de pluses, la adaptación de las retribuciones a lo marcado por el convenio, el apoyo a las prejubilaciones y la disminución de la jornada y el salario en un 7%. En total, calculan un ahorro de cerca de siete millones de euros.
El Ayuntamiento desmiente tal ahorro y asegura que son iniciativas insuficientes. Ayer, sus gestores se comprometieron a justificar jurídicamente su postura. Por su parte, la concejala de Personal, Pilar Fernández-Fígares, garantizó su total flexibilidad y aseguró que aceptarán las medidas siempre que ahorren seis millones al año y sólo afecten a los empleados que no pasaron por oposiciones.

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