El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha pedido este martes la Diputación Provincial de Málaga que solicite a la Junta de Andalucía que consensúe el nuevo decreto urbanístico que regulará el litoral andaluz. Durante su intervención en la Tribuna de Alcaldes, el regidor ha señalado que la inmediata y total aplicación de la normativa autonómica tendrá "consecuencias negativas en las economías de los municipios costeros", por lo que ha considerado "prudente" que el documento quede en suspenso a la espera de que se "acerquen los puntos de vista de las distintas partes que se verán afectados por el nuevo decreto".

García Urbano ha señalado en un comunicado que no es "difícil" que los actores y operadores sociales, jurídicos, económicos y políticos dialoguen y se pongan de acuerdo en los métodos e instrumentos jurídicos que se deben poner en marcha para preservar la calidad ambiental y paisajística del litoral andaluz. El representante municipal ha señalado que toda la sociedad está de acuerdo en que la protección de las costas es "fundamental" pero "también se cuestiona de forma unánime el modo en que se ha promulgado el decreto y la inmediatez con la que se pretende aplicar".

En ese sentido, ha indicado que la nueva normativa andaluza paraliza de forma indefinida proyectos que contaban con todos los informes sectoriales favorables y que estaban recogidos en los planes urbanísticos que fueron aprobados por los ayuntamientos y la Junta de Andalucía. "La suspensión de estas iniciativas genera una alta dosis de inseguridad en los grupos inversores y una no menos alta insatisfacción en todos los sectores económicos de las localidades afectadas", ha subrayado García Urbano.

El regidor ha puesto el ejemplo del proyecto de la Casa Real saudí en Estepona para manifestar su oposición a determinados aspectos del decreto que paralizan proyectos muy avanzados. "Después de años de tramitación del proyecto de sectorización, ahora comprobamos la elevada dosis de frustración que sufren las empresas que iban a urbanizar estas viviendas, las que iban a suministrar los materiales y los trabajadores de la zona que tenían las expectativas de encontrar trabajo durante un buen periodo de tiempo", ha señalado el regidor.

Por estas razones, el primer edil ha mostrado su "incredulidad" ante el hecho de que los agentes implicados "no sean capaces de encontrar una salida lógica" al problema que se va a generar con la aplicación del nuevo decreto. "Los tiempos futuros nos juzgarán severamente si no tenemos la generosidad, la flexibilidad y la imaginación suficiente para alcanzar el consenso en una normativa de alcance tan general". En su opinión, "la falta de acercamiento de posturas afectaría la economía de nuestros municipios costeros, la de la comunidad autónoma en general y la credibilidad del sistema político y jurídico andaluz".