El Vaticano regulará su propia legislación laboral y no aplicará la italiana

"En la aplicación del código civil italiano, el legislador vaticano pone 11 limitaciones específicas, de las que 10 concernían a materias ya excluidas del artículo 11 de la normativa de 1929 y a las que se ha añadido las relaciones laborales", explicó hoy el promotor de justicia del Tribunal Vaticano, Nicola Picardi, durante la apertura del Año Judicial de la Santa Sede.

"La normativa vaticana se ha alejado de la italiana. Ésta última se ha hecho demasiado pesada por un exceso de mecanismos burocráticos y de previsiones sancionadoras", añade.

El pasado 31 de diciembre el presidente de la Corte de Apelación del Estado de Ciudad del Vaticano, el español José María Serrano Ruiz, informó en un artículo en el diario vaticano "L'Osservatore Romano" de que la Santa Sede dejaría de aplicar automáticamente el ordenamiento jurídico de Italia el día siguiente.

Este ordenamiento fue adoptado por el Vaticano tras la firma de los pactos de Letrán o pactos lateranenses el 11 de febrero de 1929, que supusieron el reconocimiento mutuo del entonces Reino de Italia y la Santa Sede.

Desde el primer día de 2009, la ley italiana es considerada "fuente supletoria" de un ordenamiento jurídico vaticano que está inspirado en el derecho canónigo.

Para Picardi sería ahora otro paso importante que la justicia vaticana se adhiriera a la agencia europea Eurojust, que, según él, "desde hace seis años está llevando a cabo una amplia acción contra el terrorismo internacional en su lucha contra los delitos transfronterizos".

El promotor de la justicia vaticana, figura equivalente al fiscal general, pide además una ley antidroga en el pequeño estado, que se pueda aplicar a casos como el de un empleado de la Santa Sede que recientemente fue detenido por tráfico de estupefacientes.

En ese asunto, recuerda Picardi, se tuvo que aplicar la disposición prevista para los casos de vacío legal, que contempla una multa de 9.000 liras y el arresto de seis meses, algo que, según él, se queda corto con respecto a las legislaciones del resto de los estados.

Esta ley impediría que el Vaticano se convirtiera en una "zona franca para poseedores y traficantes de drogas", apuntó.

Picardi informó de que durante el año pasado se ha reducido la duración de los procesos judiciales vaticanos, que en 2008 fue de una media de 396,5 días, con respecto a los 489,9 días del año anterior.

"Se trata -dijo- de tiempos medios claramente inferiores a los registrados habitualmente en Italia en las fiscalías de la República".