La Ley de Dependencia será reforzada con 1.550 millones

El Consejo de Ministros aprobó ayer dos reales decretos para reforzar el desarrollo de la Ley de Dependencia que hace dos años fue votada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. La vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que en 2009 se destinarán 1.558 millones de euros para impulsar la aplicación de la ley, un 80% más que el año pasado.

En los 1.550 millones de euros que destinará el Gobierno este año, están incluidos los 400 millones extraordinarios incluidos en el Plan E que el Ejecutivo lanzó como medida extraordinaria frente a la crisis. Esos 400 millones se distribuirán entre los proyectos presentados por Comunidades Autónomas. En total, el Gobierno ha recibido ya más de 1.500 propuestas de proyectos que, según De la Vega, van a suponer la creación de 35.000 puestos de trabajo.

En los últimos seis meses, hasta el 26 de enero, se contabilizan 750.000 solicitudes de la prestación por dependencia. En total 520.000 personas disfrutan ya de la misma. De la Vega ha señalado que desde verano el número de solicitudes se ha incrementado en un 60%.

Además, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por el que se establecen las cuantías de las prestaciones económicas previstas en la Ley de Dependencia para 2009.

El contenido de esta norma fue acordado por el Gobierno y las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial de la Dependencia del pasado 22 de diciembre.

Las cuantías de las prestaciones económicas se incrementan en 2009 en base al Índice de Precios al Consumo de noviembre de 2008, que se situó en el 2,4%. Según el grado de dependencia, las ayudas destinadas a servicios (teleasistencia, centros de día, ayuda a domicilio, etc.) van desde 400 a 831,47 euros mensuales; las ayudas para las familias oscilan entre los 300 y los 5,19,3 euros; la prestación para asistencia personal (sólo para grandes dependientes) va de 623,60 euros a 831,47 euros.

Financiación. El Consejo de Ministros aprobó también un Real Decreto por el que se actualiza para 2009 la financiación del nivel mínimo, que es la cantidad mensual que el Gobierno de España transfiere a cada Comunidad Autónoma por cada persona dependiente atendida en el marco de esta Ley.