La llamada 'toma de Lima' le añadió este jueves un nuevo e inquietante capítulo a la interminable crisis política peruana. La capital fue esta vez escenario de las protestas que se iniciaron con fuerza en el sur, la zona más pobre del país, y que buscan la dimisión de la presidenta interina, Dina Boluarte, el cierre de un Congreso profundamente desprestigiado en la sociedad y, el adelantamiento inmediato de las elecciones.

La llegada de los contingentes a Lima trajo a los memoriosos la llamada 'marcha de los cuatro Suyos (cuatro puntos cardinales)' que puso en jaque hace 22 años al autócrata Alberto Fujimori. Las manifestaciones tienen un fuerte componente campesino, pero en Lima se sumaron los estudiantes universitarios y sectores de la clase media. Las fuerzas de seguridad intentaron contener el avance de las columnas y sucedió lo que ha sido una constante desde que se desencadenó el conflicto: enfrentamientos, gases lacrimógenos, incendios de instalaciones.

La crisis estuvo en estado latente desde la asunción de Pedro Castillo en julio de 2021 pero se agudizó cuando fue cesanteado por el Parlamento en la primera semana de diciembre pasado. Castillo quiso cerrar la legislatura y, como muestras de su impericia política, dio un salto al vacío en completa soledad. Su salida del Palacio Pizarro y posterior prisión preventiva abrieron la puerta para malestares contenidos, especialmente de los sectores más postergados de la sociedad. Desde el comienzo de las protestas perdieron la vida 55 personas.

"Esto no es una marcha pacífica", dijo Boluarte y advirtió que el Gobierno actuará con "todo el peso de la ley" frente a los que comentan actos de violencia. "En estas protestas no hay ninguna agenda social que el Perú necesita", sostuvo la presidenta. "No me voy a cansar a llamarlos al diálogo, de decirles de trabajar en las necesidades que el país requiere", dijo a los líderes de las manifestaciones: asociaciones regionales, dirigentes campesinos y sindicales. La mandataria negó deserciones en su equipo de ministros. El gabinete, dijo, "está más unido que nunca".

Drásticas medidas

Para enfrentar el descontento social, el Gobierno, subrayó, "actuará dentro del marco de la Constitución". Boluarte decretó el estado de emergencia por 30 días en varias regiones del país, entre ellas Lima. La medida faculta a las autoridades restringir o limitar el ejercicio de algunos de los derechos a la libertad de reunión, y la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio. El estado de emergencia faculta a su vez la intervención de las Fuerzas Armadas, algo que por el momento no ha sucedido pero, de acuerdo con algunos medios, puede ocurrir si los problemas se profundizan.

El endurecimiento de las acciones estatales no ha intimidado a los opositores a una jefa de Estado sin bancada parlamentaria ni partido político propio. Los incidentes en el principal distrito peruano eran esperados por el Gobierno provisional, al punto de que el ministro de Trabajo, Luis Alfonso Adrianzén Ojeda, exhortó a los empleadores que se facilite el teletrabajo a sus empleados.

 "Como se ha repetido muchas veces, el derecho a la protesta es legal y constitucional. Lo ilegal e ilegítimo es traspasar la línea e incurrir en actos delictivos, como destruir propiedad ajena, sea pública o privada, y atacar con fiereza a la Policía", se quejó el diario limeño Perú 21 en su editorial.

En este contexto de tensión, y ante la temida posibilidad de su agravamiento, comenzaron a escucharse con fuerza propuestas para realizar las elecciones en pocos meses y no abril de 2024 como, en principio, acordaron los parlamentarios.