La siniestralidad laboral baja un 30% por la pandemia pero no la cifra de muertes

El número de accidentes laborales en la provincia de Málaga descendió más de un 30% el pasado año y, a falta sólo del dato final del mes de diciembre, se situó en 15.685 siniestros, con 15 víctimas mortales como aspecto más trágico. Es evidente que el sensible descenso obedece, por un lado, al parón que han sufrido durante meses sectores clave para la economía malagueña como los servicios (hubo meses de cierre total en la primera ola) y, por otro, al gran número de trabajadores que han sido incluidos en este tiempo expedientes de regulación de empleo (ERTE), muchos de ellos con suspensión de completa de su jornada.

Del total de accidentes, el 69% se dio en los servicios y otro 22% correspondió a la construcción, quedando un 10,5% para la industria y otro 3,4% para la agricultura.

El 98% de los siniestros leves que se registraron en Málaga fueron de carácter leve (15.609), otros 241 tuvieron consecuencias graves y los 15 antes citados acabaron en el fallecimiento del trabajador. Se da la circunstancia de que, pese a la caída general de la siniestralidad laboral en Málaga, el número de fallecidos, según CCOO, se mantuvo invariable respecto a 2019.

El descenso de accidentes es considerado, pese a todo, «muy insuficiente» por parte de los sindicatos, que sostienen que no está en consonancia con la bajada real de actividad y empleo que ha dejado la pandemia. El secretario de Salud Laboral de CCOO en Málaga, José Martín Anaya, explicó ayer a este periódico que los datos llaman a «actuar sin demora», aunque recordó que ese aviso «está vigente y sin atender desde la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012». El responsable sindical afirmó que las cifras de accidentes en Málaga de este pasado año serían superiores a las de 2019 si hubiera habido igualdad de población trabajando realmente, «y no sujeta a ERTE».

«Especialmente sangrante y doloroso es que el número de accidentes mortales se ha igualado en el periodo de referencia y a pesar de, como venimos diciendo, el enorme parón y reducción de personas realmente activas», apuntó Martín Anaya.

 CCOO recordó que los sindicatos vienen reclamando una «cultura preventiva» que palíe la situación como medida a largo plazo, y reclaman de entrada la derogación de la reforma laboral para comenzar el cambio. «Empezaría a dar sus resultados de forma progresiva, al igual que lo hizo negativamente con el incremento de los datos a partir de su entrada en vigor», dijo.

Evolución y peticiones

El aumento de siniestros fue continuado desde 2012, uno de los ejercicios más duros de la crisis y en el que precisamente el Gobierno del Mariano Rajoy aprobó el controvertido texto de la reforma de mercado de trabajo. Si en aquel ejercicio la cifra de siniestros fue de 14.417, el volumen fue subiendo ininterrumpidamente hasta llegar en 2109 a unos 24.000 accidentes. Sí quedaban todavía muy lejos, no obstante, los 36.380 de 2007, el último de bonanza antes del estallido de la anterior crisis económica.

La racha de subidas se ha quebrado ahora en este pasado 2020, que habrá cerrado en torno a los 16.800 siniestros, si el dato que resta de diciembre cumple la misma proporción de caída que el resto del ejercicio.

«Ahora y con más contundencia debemos reclamar medidas coercitivas para los incumplidores. Estamos reclamando el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Labores cuya entrada en vigor data de noviembre de 1995. Quien no la cumple es claramente porque tiene la intención manifiesta de incumplirla, anteponiendo cuestiones económicas irreales», dijo Martín Anaya, que aboga por «revisar y actualizar el régimen sancionador, de aumentar las cuantías de las infracciones y de aplicarlas sin dilación».

«No se puede permitir bajo ningún concepto la exoneración de su cumplimiento, ni bajo contratos mercantiles que solapen las relaciones laborales, ni bajo ningún otro subterfugio legalista», añadió.

CCOO apuntó además que tienen pendiente una reunión la Inspección de Trabajo para saber cómo se están atendiendo las denuncias por incumplimientos de empresas y la forma en que los inspectores están desarrollando sus visitas presenciales en el marco de la pandemia.