La hostelería y el comercio malagueño celebran la decisión del tribunal vasco: "Esto nos da alas"

El tejido hostelero y comercial malagueño ha celebrado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco de permitir la reapertura cautelar de bares y restaurantes ubicados en municipios con una incidencia acumulada por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, lo que denominan "zona roja", tras aceptar la reclamación del gremio en esta comunidad. "Esto da alas, nos abre una puerta", señalan.

"Nos lo tomamos como algo que ya sabíamos, que la hostelería no es la culpable de los contagios, sobre todo que no hay nada justificado que lo diga y por eso admite estas medidas cautelares", argumenta Javier Frutos, presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), que recuerda que en Andalucía ya se presentó una demanda en los mismos términos, en coordinación con todos los miembros de Hostelería de España.

De hecho, tras el cierre de la actividad no esencial en la capital malagueña, Mahos ya anunció que tomaría medidas judiciales para "reparar el perjuicio económico y de imagen" del sector, aunque en su caso irán orientadas a pedir una indemnización a las distintas administraciones responsables de los cierres de su actividad desde que empezó la pandemia.

"Es una demanda de reclamación patrimonial. Se va a reclamar la primera parte del estado de alarma, después se reclamará , una vez pasado el estado de alarma, las distintas restricciones que se han tenido por parte del Gobierno y de la Junta de Andalucía y, nuevamente, el estado de alarma en el que estamos inmersos", añade Frutos, que anuncia el inicio de tres webinars -videoconferencias- con tres despachos diferentes dirigidas hacia los hosteleros malagueños para explicarles las opciones disponibles en caso de que se planteen demandar. "Lo que estamos haciendo es dar ese servicio a los hosteleros para que vean cuáles son las vías judiciales que tienen".

En cuanto al tejido comercial malagueño, Salvador Pérez, presidente de Málaga Comercio, avanza que acudir a los juzgados es una medida que "se tienen que plantear" debido a la dura situación que atraviesa el sector desde que irrumpió la pandemia y la falta de ayudas para afrontarla.

"Efectivamente no nos pueden cerrar los negocios y que nosotros sigamos pagándolo todo cuando, no es que tengamos problemas para continuar, es un problema nacional. Si me impiden que yo trabaje, me tendrán que ayudar económicamente", reclama Pérez. "Si me negocio es viable, rentable y yo ahora no puedo vender, no puedo atender pagos, y eso quiere decir, seguros, alquiler, IBI, pagar a proveedores...".

Por ello, el presidente de Málaga Comercio reitera la necesidad de contar con ayudas directas y a fondo perdido que alivien la falta de liquidez que arrastran los negocios ante la falta de ventas. "Nos tienen que ayudar y las ayudas no son más préstamos, son ayudas a fondo perdido. Ya no podemos contraer más deudas", recalca.

Por ahora, la Junta de Andalucía obliga a cerrar a toda la hostelería y comercio no esencial ubicado en las localidades que presenten una incidencia acumulada superior a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes -un límite que duplica el umbral máximo determinado en País Vasco-. Como novedad, estas medidas ya no se extenderán durante 14 días sino que se reducirán a siete, según lo ha acordado el Comité de Expertos.