El ‘kit’ de la transparencia incluye un ilustrativo arma de doble filo. Se comprueba ante la reciente publicación por parte del Congreso de los Diputados de una declaración de intereses económicos en la que los parlamentarios tienen que reflejar sus actividades laborales en los últimos años, los obsequios que han aceptado o sus contribuciones a causas benéficas, entre otras cuestiones. Si inmersos en esta maraña de confesiones a las que obliga el Código de Conducta de las Cortes Generales ponemos el foco sobre los once diputados elegidos en Málaga, llama la atención que no reciben regalos y, sobre todo, que como los compañeros de otras provincias apenas practican la solidaridad.

Entre los once parlamentarios malagueños solo suman tres causas benéficas y un par de fundaciones si se atiende a las aportaciones que hacen a organismos distintos a sus partidos. Eso sí, los diputados malagueños del PSOE son una excepción y rompen esta alergia casi generalizada en la Cámara Baja a pagar cuotas en una organización no gubernamental (ONG).

También salta a la vista que el diputado por Málaga de Unidas Podemos y actual ministro de Consumo, Alberto Garzón, es el que más información aporta en su formulario en un claro contraste con ‘el no sabe, no contesta’ de los diputados de Vox o el ‘folio en blanco’ de la popular Carolina España.

De este modo, Garzón ha hecho pública una donación que le hizo su padre y usó para la compra de su vivienda o los contenidos de la herencia de su madre, que le otorgó porcentajes de propiedades en la localidad de Rincón de la Victoria y en el municipio riojano de Cenicero. Garzón añade en su declaración contribuciones a su partido, donaciones eventuales a la Fundación Europa de los Ciudadanos, la publicación de varios libros, los cursos y conferencias impartidos en universidades públicas o colaboraciones en medios de comunicación.

Respecto a los cuatro diputados socialistas malagueños, todos ellos declaran aportaciones económicas al PSOE extraídas de su salario como cargo público y una donación realizada a través del partido -Ignacio López es el único que no la señala- para apoyar la investigación sobre el Covid-19 en el Instituto Carlos III.

El que fuera cabeza de la lista malagueña del PSOE en las elecciones generales, Ignacio López, refleja el 30% de una sociedad para el establecimiento de una franquicia de óptica «sin remuneración ni dividendo», así como su anterior relación laboral con el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga y con Salvamento Marítimo. López también está vinculado a la ONG Prodiversa.

Fuensanta Lima señala su actividad anterior en el Ayuntamiento de Mijas -en sendas etapas como personal laboral y como teniente de alcalde- y hace referencia a funciones como senadora por designación autonómica o delegada de Medio Ambiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol. Además, Lima alude en el terreno solidario a su cuota en Aldeas Infantiles.

José Carlos Durán también contempla causas benéficas, con el pago como socio y donaciones puntuales a la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), o sus cuotas de afiliado en el PSOE, las Juventudes Socialistas y el sindicato UGT. Respecto a su actividad política, expone sus vinculaciones contractuales como concejal del Ayuntamiento de Málaga, secretario de Juventudes Socialistas de Andalucía o diputado en la anterior legislatura exprés.

La exalcaldesa de El Burgo y actual diputada socialista, Mariló Narváez, solo indica que desde 2015 hasta la actualidad ha ejercido también sin retribución económica como concejala de su pueblo y como miembro de la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves.

Por su parte, el diputado del PP y vicesecretario nacional de Comunicación Pablo Montesinos es de los que tampoco reconoce aportaciones a causas benéficas pero da cuenta de la actividad como periodista que precedió a su llegada al hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo. Este político con raíces malagueñas, aunque afincado desde hace años en Madrid, refiere su contrato indefinido como redactor en un periódico digital y colaboraciones esporádicas en radio y televisión.

La diputada del PP Carolina España deja su declaración absolutamente en blanco y no aporta nada en relación a las cuestiones sobre las que se requiere información, de lo que se desprende que sus únicas actividades y movimientos se ceñirían a su labor durante estos últimos años en el Congreso de los Diputados.

Este no es el caso de su compañero en la bancada popular Mario Cortés, quien refleja su anterior actividad como autónomo, desde julio de 2018 hasta noviembre de 2019, como ‘consultor TIC’ de colegios profesionales. Igualmente, Cortés señala que, desde diciembre de 2017 hasta la actualidad, ejerce sin percibir ningún salario como decano nacional del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.

Tampoco deja su declaración en blanco el único diputado por Málaga de Ciudadanos y actual coordinador provincial de la formación, Guillermo Díaz, quien realiza contribuciones esporádicas a Cánovas Fundación. Además, señala que es vicepresidente y patrono de este organismo, que tiene su sede en la malagueña calle Puerto. En el capítulo de donaciones recibidas y obsequios aceptados, el diputado malagueño de Cs asegura que el código ético de su partido «impide que se den estas situaciones».

En cambio, no se tiene conocimiento de algún detalle relacionado con los intereses económicos de los dos diputados de Vox por esta provincia, la malagueña Patricia Rueda y el ‘paracaidista’ madrileño Rubén Manso. No se sabe nada ni de ellos ni de cualquiera de los 52 diputados de la ultraderecha, que se han negado en bloque a facilitarle al Congreso los datos solicitados.

Tanto Patricia Rueda como Rubén Manso se han limitado a cumplir la estrategia común del grupo parlamentario y han incluido la misma respuesta tipo que todos los demás diputados de Vox: «Ninguna de las actividades desarrolladas por mí durante los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario podrá condicionar mi actividad política en tanto en cuanto esta se desarrollará siempre al servicio del interés superior de España y de los españoles con lealtad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico vigente tal y como juré en la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados».