El empresariado malagueño del sector del campo ha mostrado su malestar con el nuevo plan de choque iniciada en febrero por la Inspección de Trabajo a nivel nacional y dirigido a todos los sectores productivos contra el fraude en la contratación temporal, al entender que no se tienen en cuenta las particularidades de la actividad agrícola, que centra buena parte de su empleo en campañas de cultivos que se desarrollan siempre en unos meses determinados del año.

La queja es del colectivo Asaja Málaga después de que, según sus datos aportados a este periódico, más de un centenar de empresas de la provincia hayan recibido cartas de la Inspección donde se le recuerda la normativa sobre contratos temporales y su conversión a indefinidos, y se les da el plazo de un mes para arreglar la situación de aquellos trabajadores que pudieran tener en temporalidad teniendo derecho a ser fijos.

«En estas comunicaciones, se señalan supuestas irregularidades identificadas con respecto a determinados trabajadores de las empresas agrícolas, y se les requiere para la inmediata regularización de las contrataciones en el perentorio plazo de un mes, advirtiendo de que, en caso de no proceder, se emprenderán actuaciones inspectoras y se impondrán duras sanciones», afirmó Asaja, que destaca el «sentimiento generalizado de malestar y preocupación» que ha provocado en el sector agrario, «no solamente por lo que respecta a los empresarios agrarios, sino también en lo que respecta a muchos de los trabajadores afectados, y muy particularmente en determinadas regiones».

Para Asaja Málaga, estas misivas son «inoportunas» e inciden en una «importante e injusta campaña de «acoso y derribo» de la que responsabilizan a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de la que ya pidieron su cese en mayo de 2020 por unas declaraciones en las que instaba la Inspección a perseguir la «esclavitud» en el campo.

«Desgraciadamente, todo esto contribuye a la demonización del campo», apunta el integrante del departamento laboral de Asaja Málaga, Juan Jaime García. Asu juicio, el nuevo plan de choque parte del «desconocimiento o la ignorancia» sobre el Régimen Especial Agrario, que desde hace años está en proceso de incorporación y convergencia con el Régimen General.

Asaja recuerda que en 2012 se produjo esta integración, aunque sin que hasta ahora se haya desarrollado «una reglamentación acorde y clara que permita la adaptación a la singularidad que tiene este sector». Según Jaime García, se debería disponer de un tipo de contrato que se adapte a estas particularidades, entre las que cita «el carácter estacional, la fuerte dependencia de trabajadores temporeros procedentes de otros países, la larga tradición y arraigo de las fórmulas y regímenes singulares de contratación que se contemplan en la negociación colectiva del sector o las enormes dificultades para cubrir las necesidades de mano de obra en las diferentes campañas».

La asociación solicita así al Ministerio que tome medidas para «suspender las acciones que ya están en marcha y las actuaciones inspectoras anunciadas en dichas cartas», hasta que no se pueda actuar "con verdadero conocimiento de la situación del sector, prestando la merecida consideración a la marcada estacionalidad, a la singularidad y heterogeneidad de las formas y dinámicas de contratación de mano de obra en el campo, pero también a la peculiaridad y diversidad de las necesidades productivas (por regiones y por explotaciones)". Asaja ya ha solicitado a nivel nacional una reunión con el Ministerio para abodar el asunto.

Por su parte, fuentes de la Subdelegación de Gobierno han comentado a este periódico que el plan de choque de la Inspección «se dirige a erradicar la contratación fraudulenta y los encadenamientos de contratos temporales».

«Se dirige a empresas de todos los sectores, y no sólo al sector agrario. Por otro lado, se trata de la actividad habitual de la Inspección», añadieron.