El campo malagueño protesta por los planes del Gobierno sobre el reparto de ayudas de la futura PAC

Representantes del sector agrario de Málaga se han manifestado este viernes a las puertas de la Subdelegación de Gobierno en rechazo al decreto publicado en enero por el Ejecutivo como antesala de la reforma de la Política Agraria Común (PAC), que comenzará a aplicarse a partir de 2023 y todavía en fase de negociación. Los colectivos Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, sostienen desde hace meses que el planteamiento del Gobierno sobre el futuro reparto nacional de los fondos es "muy perjudicial" para Andalucía y para Málaga, ya que busca, a juicio de los participantes de la protesta, eliminar los derechos históricos de los cultivos, reducir drásticamente el número de regiones productivas e impulsar un modelo lineal de ayudas parecido a una tasa plana.

El sector alerta de que un productor malagueño que hasta ahora pudiera recibir entre 500 y 700 euros de ayudas europeas por hectárea podría ver reducida esa cantidad a entre 120 y 130, lo que pondría en claro riesgo su viabilidad. La provincia de Málaga, en el peor de los escenarios, podría perder el 40% de los 80 millones anuales de ayudas que llegan actualmente de la PAC a sus más de 18.000 agricultores y ganaderos, según los cálculos del sector.

A la concentración ha acudido una representación de unos 80 agricutores y ganaderos debido a las medidas anti-Covid que condicionan actualmente este tipo de manifestaciones. Tres tractores y dos vehículos de homologados de transporte de ganados con una treintena de ovejas y cabras han puesto la nota de color a la protesta. Los manifestantes han afirmado que si en próximas fechas no hay diálogo con el sector por parte del Gobierno, convocarán protestas "multitudinarias" en cuanto sea posible.

El presidente del colectivo empresarial Asaja Málaga, Baldomero Bellido, ha explicado que todo el sector está "unido" en contra del planteamiento del Gobierno que, en su opinión, "mina" un segmento productivo clave para la provincia y penaliza a los agricultores y ganaderos que han realizado inversiones en sus instalaciones en los últimos años. En cambio, la tarifa plana de ayudas beneficiará a los propietarios que tengan muchas tierras, al margen de que estén o no dedicadas al cultivo.

Las asociaciones se reunieron en Málaga el pasado 5 de marzo con el representante del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, Miguel Ángel Riesgo, si bien ya en su momento lamentaron que no fuese una reunión negociadora, sino que vino a intentar explicar "unos hechos consumados". Ahora reclaman al ministro, Luis Planas, que dé marcha atrás en sus planes y que no aplique el decretos en años sucesivos.

Los agricultores malagueños protestan contra la reforma del PAC

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"Estamos pidiendo diálogo y pensamos que el ministro está recapacitando tras escucharnos, porque todo se ha hecho sin contar con el sector, que está muy afectado. Esto le da un palo tremendo al agricultor y al ganadero profesional, y le dará más dinero a otros que no se dedican con la misma intensidad a esta actividad", ha señalado.

Asaja ha asegurado que los profesionales del campo quieren vivir de los precios de sus productos, pero ha recordado que los bajos precios que imperan en el mercado (y por los que ya se movilizaron el pasadao año) hace imprescindible que se mantengan las actuales ayudas. "Hay muchos municipios del interior que viven del campo, y eso lo que haría es incidir en la despoblación rural. El decreto no se adapta a la diversidad de cultivos que hay en la provincia", ha dicho.

El olivar, la vid, la uva pasa o las cabañas de bovino y caprino serían algunas de las ramas más perjudicadas en Málaga por el cambio de modelo de las ayudas, según ha añadido el secretario general de COAG, Antonio Rodríguez. "Tenemos un derecho histórico por la actividad de nuestras fincas, pero también poca superficie. Y en otras partes de España tienen más hectáreas pero menos valor de producción. Ahí es donde vamos a ser perjudicados", comenta en referencia a la citada tasa plana que amenaza como modelo de futuro.

Rodríguez critica que la decisión del Gobierno tampoco se corresponde con las exigencias actuales de Bruselas, que no ha reclamado un sistema como el planteado en el decreto aprobado en enero. "No es algo obligatorio, pero el ministro Planas ha decicido introducirlo este año. Esto es otro golpe para el sector tras el tema de los bajos precios y el impacto de la pandemia", apunta.

En su opinión, estos cambios abren también la puerta para que un fondo de inversión compre miles de hectáras improductivas con el mero objetivo de cobrar las ayudas. "La reforma de la PAC no puede ir a especuladores, sino a quienes generan actividad y empleo. En el sector vamos todos de la mano contra eso. Queremos mantener nuestros pueblos vivos", ha asegurado.

Por su parte, Francisco Moscoso, secretario general de UPA, ha recordado que con la PAC actual hay 50 regiones agrarias en España (entendidas como tipo de cultivo, no como territorio concreto), y el peligro es que se queden en sólo unas pocas. "Cuantas más haya mejor, no pueden cobrar lo mismo unas explotaciones que otras. No puede percibir lo mismo el olivar tradicional que el intensivo", ha afirmado. El olivar de Cuevas de San Marcos o el de Villanueva de Algaidas son ejemplos mencionados de olivar a proteger.

Carlos Cintas, gerente de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias, ha añadido que la tasa plana llevaría a que todas las hectáreas de España cobraran las mismas ayudas, al margen de su producción. y dedicación. "Con el nuevo reparto, Andalucía y Málaga quedarían muy perjudicadas. El Ministerio nos dijo hace unas semanas que no había nada decicido aún. Esperemos que impere el sentido común", ha dicho.

Según las asociaciones, el Real Decreto 41/2021 supone la antesala de la reforma que comenzará a aplicarse a partir de 2023, todavía en fase de negociación, en la que se pasará de las 50 regiones actuales, reconocidas en la reforma 2014-2020 (por la gran diversidad agrícola y ganadera de Andalucía) a una drástica reducción que prevé el Ministerio. Se trata de un cambio brusco, no exigido en estos términos por la Comisión Europea, que en el peor de los escenarios puede conllevar que Andalucía pierda el 50% de los 1.300 millones de euros que recibe anualmente, sumados el pago base y verde.

Los representantes de ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias insisten en el deseo de dialogar con el ministro de Agricultura para llegar a un acuerdo que no resulte perjudicial para la primera región agraria de España, en la que se hallan el 34% de los perceptores de ayudas PAC y que aporta el 37% del Valor Añadido Bruto (VAB) agrario a la economía de España, dando empleo a más del 8% de la población ocupada andaluza (más del doble que la media nacional).