El mar que mece la costa malagueña, el Mediterráneo, se calienta dos grados por siglo y avanza una media de tres milímetros por cada año que pasa.

Bien podría parecer que un par de grados cada 100 años y subidas milimétricas anuales del nivel del mar nos auguran una vida sin grandes perjuicios climáticos y que, en todo caso, serán tormentos de generaciones de un futuro lejano al que ya no perteneceremos. Pero lo cierto es que el problema es una realidad más que acomodada en el presente.

De hecho, el litoral malagueño lo sufre desde hace años, acrecentado por un gran listado de debilidades que colocan a los 180 kilómetros de costa en una situación de vulnerabilidad frente a los desequilibrios climáticos.

El 18% del frente costero de Málaga presenta un riesgo «grave» de erosión que no solo afectará al medio natural sino a la vida humana, según alerta uno de los informes que se recogen en la Estrategia para la protección costera en la provincia de Cádiz, Almería y Málaga considerando los efectos del cambio climático impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica.

En Málaga se observa un aumento progresivo del porcentaje de unidades de gestión con nivel de riesgo grave, apareciendo algunas con nivel de riesgo muy grave para los escenarios de medio largo plazo

El 82% restante muestra un riesgo moderado o leve ya que apenas hay una proporción de la costa sin afecciones.

Las consecuencias del cambio climático afectarán principalmente a las edificaciones que proliferan en las zonas de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) de la provincia y toda el área costera provincial, incluyendo infraestructuras de saneamiento, transporte e incluso patrimonio.

«Para los sucesivos años horizonte considerados, en Málaga se observa un aumento progresivo del porcentaje de unidades de gestión con nivel de riesgo grave, apareciendo algunas con nivel de riesgo muy grave para los escenarios de medio largo plazo (2045) y largo plazo (2100)», se advierte en las conclusiones del análisis de riesgo de erosión.

«Por efecto del oleaje y las corrientes, la línea de costa va perdiendo la arena que viene a través de los ríos», explica Juan Jesús Martín, biólogo del Aula del Mar, una institución que también participa en el informe.

Esta erosión costera se intensifica debido al control de los caudales de los ríos a través de las presas. «Cuando hay menos aporte de arena y encima se hormigona el litoral, lo ponen rígido y hace que la erosión costera aumente, porque al romper la ola sobre un sustrato duro hace que rebote y se lleve la arena hacia adentro», añade este biólogo, que alerta de la desestabilización de las playas como uno de los efectos más inmediatos del cambio climático, con nuevos varapalos para la biodiversidad pero también para la actividad turística por la pérdida del atractivo de los entornos.

Puntos críticos

Este informe, que analiza el estado de la costa malagueña desde el Castillo de la Duquesa en Manilva hasta el punto más oriental de Nerja, detecta 53 puntos críticos relacionados principalmente con esa ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre, un problema que se concentra en la Costa Occidental, entre otros aspectos.

Ejemplo de ello es el frente costero de Estepona, ajado por la desembocadura de arroyos, zonas rocosas y numerosos ríos con protección medioambiental. No obstante, se trata de un entorno muy «antropizado» por la actividad turística y la extensión de urbanizaciones de segunda residencia. O Torremolinos, donde el informe habla de una «ocupación masiva» de su costa, destacando las playas de la Carihuela y el Bajondillo.

Para la zona de Estepona, se contempla una tasa de erosión promedio de entre 19,2 y 25,6 metros cúbicos anuales para 2100, según el diagnóstico. Para la zona de Torremolinos, la estimación es de entre 33,6 y 46,4 metros cúbicos al año para ese mismo horizonte.

Desde La Malagueta hasta la Fábrica de Cemento resaltan los daños de los Baños del Carmen durante los temporales y la «excepcional presión urbana» en El Palo y Pedregalejo

En el caso de la capital malagueña, desde Guadalmar hasta San Andrés, el informe destaca la ocupación del DPMT por el campo de golf, jardines y el paseo marítimo en la playa de Guadalmar así como el problema de la urbanización de Sacaba con los temporales por su ocupación de la servidumbre de tránsito recogida en la Ley de Costas.

Para esta zona se prevé un retroceso de la línea costera también de entre 33,6 y 46,4 metros cúbicos anuales para 2100.

En cuanto al Arraijanal, la asociación ecologista Ciriana -participante en el informe del Ministerio- ya ha advertido en numerosas ocasiones de la existencia de una estación de bombeo, colectores de saneamiento y tuberías fecales activas que están expuestas al oleaje debido al avance del mar.

En la parte este de la capital, desde La Malagueta hasta la Fábrica de Cemento resaltan los daños de los Baños del Carmen durante los temporales y la «excepcional presión urbana» en El Palo y Pedregalejo, donde la escasa circulación del agua y los finos presentes en los sedimentos enturbian el agua. El retroceso de la línea de costa aquí podría llegar a los 12 metros cúbicos anuales en el horizonte de 2100.

En la costa oriental de la provincia, por ejemplo, entre Torrox y Nerja, donde confluyen los usos residencial, turístico y agrícola, también se producen ocupaciones desequilibradas del frente costero por los ensanches de segundas residencias y complejos hoteleros. Para esta zona, la previsión de retroceso de la línea de playa es de 17,6 y 24,8 metros cúbicos para el año 2100.

«Si tú te remontas a cuando empezó el turismo a finales de los años 50, hace ya más de 60 años, eran terrenos casi todos naturales y el proceso de urbanización de la ciudad no ha sabido respetar los lugares que podían ser más preciados desde el punto de vista de la biodiversidad», lamenta Pedro Marín, director del OMAU, también incluido en la estrategia.

Este informe que impulsa la cartera de Transición Ecológica pretende convertirse en una herramienta para proteger a la costa de los efectos del cambio climático a partir de este diagnóstico de situación, una estrategia que pretende estar disponible en septiembre. La administración responsable de su aplicación es la Dirección General de la Costa y el Mar.

Por ahora, el plan se encuentra en una fase de consulta pública en la que se podrá participar hasta el 31 de mayo.