La Organización de Naciones Unidas (ONU) sitúa a España como el país más envejecido del mundo en el año 2050. Para entonces, el grupo de personas mayores de 64 años representará casi al 40% de la población total del país. Esta pirámide invertida se traduce en un gran reto para el Gobierno, en términos de Previsión Social.

En este contexto se enmarca la reforma del sistema de pensiones planteada por el Ejecutivo. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, presentó el pasado 12 de abril la propuesta para sacar adelante un primer paquete de medidas de reforma de las pensiones. Orientada a retrasar la edad media de jubilación en España, el ministro anunció la intención de crear incentivos monetarios para todo aquel que continúe trabajando una vez pasada la edad legal de jubilación. Así como modificar la penalización de la jubilación anticipada, de manera que afecte más a las rentas altas.

Esta última propuesta del Gobierno no ha sido bien recibida por los sindicatos de trabajadores, que instan al Ejecutivo a reactivar el diálogo social y a derogar la reforma de las pensiones. Esta, manifiesta el secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, estaría contribuyendo al aumento en los datos de desempleo y desigualdad: «Dicha reforma ha tenido consecuencias muy negativas en las personas trabajadoras y ha facilitado que se condene a la temporalidad y al paro a una gran parte de la población».

La tasa de paro juvenil se situó en el 40,1% a cierre de 2020. Por su parte, más de 1,1 millones de contratos fueron temporales el pasado mes de febrero. Miguel Montenegro, secretario general de la Confederación General del Trabajo de Andalucía (CGT), alerta de la dificultad de los jóvenes para entrar al mundo laboral: «En un mercado tan restringido, los jóvenes van a estar siempre limitados a empleos precarios». Montenegro advierte, además, de que esta tendencia les impedirá contar con los años de cotización mínimos para poder acceder a una pensión digna en el futuro.

Desde CGT apuestan, por lo tanto, por establecer la edad legal de jubilación en los 60 años. «No imagino a un maquinista de tren conduciendo con 70 años, ni a una persona subida en un andamio», apunta el secretario general.

La Unión General de Trabajadores (UGT), por su parte, tacha de poco realista el abordaje de esta nueva propuesta y se suma al diálogo social para contribuir a una concepción integral de todos los problemas de la vida laboral. Segundo Martín, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, explica, además, que existen un sinfín de empleos que no podrían acogerse a esta nueva propuesta: «Hay trabajos que implican un esfuerzo físico y unas condiciones que generan patologías laborales con el paso de los años».

En esta misma línea, el presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín, defiende que hay gremios en los que el retraso de la edad de jubilación es más factible que en otros. En medicina, explica, depende extremadamente de la carga de trabajo, ya que no todas las especialidades requieren el mismo esfuerzo. «El conocimiento y la experiencia siempre juegan a favor pero debe primar el rendimiento. Hay que buscar fórmulas para abrir la puerta a la gente joven». No obstante, alerta de que hay especialidades en las que no existe un recambio de personal suficiente «y hay que prolongar la situación de algunos trabajadores».

Mientras, la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) considera que existen determinadas etapas, como la de la Educación Infantil, en las que resulta complicado continuar desempeñando su labor en condiciones óptimas al superar los 60 años de edad. «El profesorado desarrolla enfermedades físicas como los nódulos en las cuerdas vocales pero también con factores de ansiedad y depresión que no se tienen en cuenta», recrimina María del Amo, presidente de ANPE.

Jubilados malagueños durante una concentración en defensa de las pensiones. | GREGORIO TORRES G. Torres

Incentivos monetarios de hasta 12.000 euros por año

El primer paquete de medidas de reforma de las pensiones, presentada el pasado lunes por el ministro José Luis Escrivá, plantea la creación de incentivos monetarios para quién decida trabajar más allá de la edad legal de jubilación.

Este incentivo se abonaría, de una sola vez, por cada año en el que se retrase la edad de jubilación. En el caso de cotizar más de 44 años y medio, esta cifra llegaría a alcanzar los 12.000 euros anuales.

El secretario general de la Unión de Jubilados y pensionistas de UGT, Segundo Martín, denuncia que llegar a desarrollar carreras laborales de más de 44 años se antoja imposible para muchas personas: «Esta propuesta juega en contra de mucha gente que se dedica a sectores menos cualificados o con empleos precarios. Y premia a aquellas que tienen trabajos menos sufridos y pueden dilatar su vida laboral con bastantes facilidades».

La propuesta del Ejecutivo recoge, además, la modificación de los coeficientes que penalizan la jubilación anticipada voluntaria. En este sentido, Segundo Martín recuerda que «hasta ahora era obligatorio que todo aquel que a los 61 años cobrase el seguro de desempleo durante más de tres meses era obligado a jubilarse, con lo cual era una imposición en el 85% de los casos. El secretario general denuncia, por lo tanto, que esta nueva propuesta perjudica a las personas que están al final de su vida laboral.