Golpe en Málaga contra el tráfico de sustancias prescritas para la disfunción eréctil

Una comunicación de los Carabinieri a Europol puso en marcha la investigación en España. La policía italiana alertó de que había intervenido 2.123 paquetes de un producto que contenía sildenafilo, principio activo de los medicamentos para el tratamiento de la disfunción eréctil, sin que hubiera sido declarada entre sus componentes. Además, denunciaron de que el producto procedía de dos empresas distribuidoras inglesas, teniendo una de ellas una delegación española en la provincia de Málaga, donde ha sido detenidos seis de los ocho implicados.

La Policía Nacional comprobó entonces que las dos sociedades estaban administradas por ciudadanos españoles que también gestionaban otras empresas, todas relacionadas entre sí y creando un entramado empresarial que parecía tener como objetivo camuflar una actividad delictiva. Según ha informado la Dirección General de la Policía, algunas fueron creadas en el extranjero a nombre de los investigados o de testaferros para evitar la acción policial contra los responsables de las mismas y servir de distribuidoras de los productos investigados. Además, uno de los principales sospechosos tenía su residencia en Miami, lo que le generaba "una falsa sensación de impunidad para poder operar libremente en la creación de estas empresas".

Los informes policiales concluyeron que el entramado tenía el objetivo de combinar la distribución de sustancias medicamentosas prohibidas con otros productos que son legales, como complementos alimenticios o maquillajes. Llegados a este punto, los agentes solicitaron la colaboración a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, averiguando que esta última había emitido diversos informes prohibiendo la comercialización de productos que habían sido registrados por las empresas investigadas. En el análisis se habían detectado sustancias no declaradas en el etiquetado como sildenafilo y tadalafilo, ambas prescritas para el tratamiento de la disfunción eréctil y que suponen un riesgo para aquellos individuos susceptibles de padecer reacciones adversas con el consumo de inhibidores de la PDE-5, añadía el informe. Uno de los productos distribuidos tenía una reseña del pasado mes de noviembre del 2020 que indicaba que un cliente denunció haber sufrido un derrame cerebral motivado por la ingesta del mismo.

El primer documento emitido por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios tiene fecha del año 2015, lo que alertó sobre la continuidad en la actividad desarrollada por la organización criminal, habiendo perfeccionado su modus operandi para que, en caso de ser alguno de estos productos detectado por las autoridades, poder seguir comercializando el resto sin problemas.

Los controles llevados a cabo durante 2020 y 2021 sobre los productos distribuidos confirmaron las hipótesis mantenidas, por lo que se procedió a judicializar la investigación. A lo largo de la misma se constató que el principal investigado era el encargado contactar con los proveedores asiáticos para que remitieran las pastillas hasta los almacenes que la organización tenía en la provincia de Málaga a través de empresas de transporte. Una segunda fase consistía en que otro de los líderes se encargaba de las tareas logísticas para la recepción de los productos y su almacenaje en los almacenes y trasteros de Málaga.

De ahí se pasaba a la manipulación. Una vez en su poder, las píldoras eran introducidas en cajas de los productos que habían registrado como complementos nutricionales 100% naturales. "Si las autoridades sanitarias prohibían la venta de alguno de estos productos, creaban otro con un nombre y logotipo nuevo, pero con el mismo contenido", ha explicado la Policía Nacional.

La última fase era la de la distribución, donde los productos eran enviados a algunas empresas de transporte junto con el listado de los clientes a los que tenían que remitir el producto, que pagaban contra reembolso o mediante transferencia bancaria. Del mismo modo, los productos prohibidos también eran remitidos a plataformas logísticas tanto en España como en otros países europeos, que procedían a su distribución a los consumidores finales.

La operación suma ocho detenidos en Málaga (6) y Barcelona (2) y se han llevado a cabo 12 registros –Málaga (4), Barcelona (3) e Italia (5)- donde se han intervenido 117.623 comprimidos. Los agentes han bloqueado cuatro páginas webs y 21 cuentas bancarias asociadas a los investigados, bloqueando 3,5 millones de euros. Se les imputan delitos contra la salud pública, estafa, falsedad documental, contrabando, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y delito contra la hacienda pública.