Las multas por incumplimientos de ERTE en Málaga suman el importe más alto de toda España

Las multas impuestas por la Inspección de Trabajo a empresas malagueñas desde el inicio de la pandemia por algún tipo de infracción relacionada con las condiciones de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentan hasta la fecha la cuantía conjunta más alta de toda España en este apartado, lo que revela sin duda una mayor gravedad de las faltas detectadas por este organismo en sus controles al tejido productivo de la provincia.

El hecho es que en Málaga se han levantado menos infracciones (253) que en otras plazas españolas como Madrid (450), Alicante (273) y Murcia (257), según los datos remitidos hace unas semanas por el Gobierno al senador socialista malagueño Miguel Ángel Heredia en una respuesta parlamentaria. La propuesta total de sanciones por estas conductas fraudulentas, sin embargo, alcanza en Málaga los 2,45 millones, un cantidad que supera los 2,23 de la provincia madrileña (pese a tener 200 casos más) y que deja muy atrás al resto (Alicante, Coruña y Zaragoza, por citar otros importes significativos, se mueven entre 1,1 y 1,2 millones).

Expuesto de forma más gráfica, la media de las multas a las empresas en Málaga sería de unos 9.680 euros, muy superior a la media nacional, que estaría en los 4.800 euros (se levantaron 4.588 infracciones, con sanciones de casi 22 millones). En Madrid, por ejemplo, el promedio es de 4.955 euros y otras provincias con alta incidencia, como Zaragoza, se quedan por debajo de los 6.000. En Baleares o Alicante, por citar plazas turísticas, la cuantía media es de 5.350 y 4.500 euros respectivamente.

Fuentes cercanas al Ministerio de Trabajo y Economía Social, del que depende la Inspección, recuerdan a este periódico que la tipificación de las faltas por incumplimiento de los ERTE puede quedarse en «grave», donde las sanciones se mueven entre los 626 euros y los 6.250 euros en función de su grado, o pasar a ser consideradas «muy graves», donde la horquilla arranca en su grado mínimo en los 6.251 euros por trabajador afectado.

Los datos nacionales de infracciones están muy repartidos, aunque sí reflejan una mayor incidencia en aquellas provincias de corte turístico con mayor representatividad de la hostelería y del turismo. De hecho, las fuentes consultadas indican que en Málaga estos segmentos, tradicionalmente, son los que en años anteriores han venido concentrado más actuaciones de la Inspección.

Causas

La irregularidad más habitual aflorada es la detección de trabajadores que realizaban tareas para sus empresas en horas o días incluidos en la suspensión del contrato a través del ERTE, ya fuera por orden de la propia empresa o de forma pactada entre ambos. Ejemplo de ello sería una persona en un ERTE del 50% de la jornada que estuviera trabajando fuera de esas horas. O alguien a quien se le asignan horas de lunes a viernes y al que se le detectara activo el sábado.

Esta prolongación ilegal de la jornada sería considerada falta «muy grave» debido a que el trabajador estaría cobrando del SEPE indebidamente una prestación por desempleo. En estos casos, además de la multa a la empresa, la Inspección obliga al trabajador a devolver las prestaciones mientras que el empresario debe hacer lo mismo con las cuotas de la Seguridad Social de cuyo pago había sido exonerado.

Las fuentes consultadas recuerdan que las empresas acogidas a un ERTE tienen que comunicar en todo momento al SEPE cualquier cambio en las circunstancias laborales de sus trabajadores. Es decir, si un empleado es reincorporado de forma parcial o completa, aunque sea de forma puntual para cubrir una jornada de mayor actividad, el empresario debe notificarlo.

Además, las empresas están obligadas a informar al SEPE en el tramo final de cada mes cuáles han sido las jornadas de actividad y de inactividad de cada empleado, para que este organismo pueda calcular la nómina que les tiene que abonar en concepto de prestación. En caso de no hacerlo incurren en una falta grave.

Todos estas inspecciones, lógicamente, han sido mucho más difíciles de realizar en el marco de la pandemia, con muchas personas teletrabajando desde sus casas. Se sabe que la Inspección ha recurrido en ocasiones a comprobar la actividad de las redes en remoto que utilizan las empresas para conectar a sus empleados desde sus domicilios y a repasar los horarios de los correos electrónicos del trabajo.

Los controles sobre los ERTE también han detectado algún caso de incorporación de trabajadores en formación para realizar tareas que correspondían a los fijos incluidos en los expedientes, algo que no está permitido. Eso por no hablar de recurrir directamente a personas sin contrato para cubrir algún hueco puntual y específico. En todo caso, esa cifra de casos parece haber sido «residual» dentro del total de infracciones. «Cuando una empresa se acoge a un ERTE tiene prohibido contratar o hacer nuevas externalizaciones de servicios, y tampoco puede obligar a trabajadores a realizar funciones ajenas a las de su categoría laboral», aclaran.

Otras infracciones han estado relacionadas con el compromiso de mantener del empleo durante seis meses que tienen las empresas acogidas a ERTE. De incumplirlo, la firma está también obligada a devolver todas las bonificaciones.

Pesar sindical

Los datos de las multas en Málaga no sorprenden al secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Muñoz, para quien no son más que «la punta del iceberg» de todos los incumplimientos que, desgraciadamente, se dan. «Conocemos situaciones de fraude donde una empresa en ERTE ha metido a personas sin contrato para reforzar servicios. O que recurren a trabajadores con contrato en formación. Sucede en el sector de la hostelería, pero también en otros como oficinas y despachos. Y el teletrabajo también hace más difícil perseguir los abusos. Nosotros ponemos en conocimiento de la Inspección todo lo que nos llega. Es como un goteo», asegura.

Muñoz lamenta que existan empresarios que cometen estas tropelías «con sensación de impunidad» y dice que su proceder «mancha» al resto de negocios que sí actúan conforme a las normas. «Que Málaga sea la provincia donde se dan más infracciones graves daña la imagen del empresariado», apunta. CCOO demanda también que la Inspección de Málaga cuenta con más efectivos. «Tienen algo más de 30 inspectores y subinspectores harían falta más de 50 en una provincia como ésta», afirma el responsable sindical de CCOO.