En el auto, facilitado hoy a Efe, el juez levanta la imputación a estos concejales al considerar que no existen "indicios suficientes de criminalidad" y que no conocían la ilegalidad de su decisión al ratificar el convenio relativo a la finca "La Parrada" el 28 de noviembre de 2003, sino que siguieron "las consignas" del entonces alcalde, Pedro Tirado, máxima autoridad del Partido Democrático de Manilva (PDEM).

Tirado estuvo preso más de dos meses en la cárcel de Alhaurín de la Torre en 2005 tras su detención en el marco de la operación "Ballena Blanca" contra el blanqueo de capitales, cuya investigación se centró en el aumento de valor de los citados terrenos.

Los nueve ediles para los que se sobresee el procedimiento son José Benítez, Rafael Mena, Francisco Miguel Álvarez y Manuel Ramos (PDEM), Salvador Zotano (PSOE, aunque posteriormente expulsado), Antonia Muñoz, Diego Urieta, Mario Jiménez y Francisca López (IU).

El juez instructor, Miguel Ángel Torres, señala que la investigación tampoco revela que estos ediles hayan podido percibir cantidad alguna de la sociedad Royal Marbella Estates, ni de las personas que la controlan por su voto.

La sociedad, con domicilio social en Marbella, adquirió entre 2002 y 2004 diversas fincas en San Roque (Cádiz) y Manilva (Málaga), por importe de 7,24 y 2,49 millones de euros, respectivamente.

Sus responsables, Aki Kujala y S. B., se pusieron en contacto con Tirado para firmar un convenio por el que el Ayuntamiento de Manilva se comprometía a incluir "La Parrada" en un expediente de cumplimiento de suelo urbanizable no programado y a determinar la programación de la parcela, el cual se aprobó el 18 de marzo de 2004 por la Comisión Provincial de Urbanismo, tras el acuerdo municipal previo, adoptado el 28 de noviembre de 2003.

El 11 de agosto de 2004, el alcalde de Manilva, Pedro Tirado, y S. B. -quien está en busca y captura- firmaron un segundo convenio por el que se otorgaba a las parcelas una densidad de 18 viviendas por hectárea, frente a las diez por hectáreas establecidas.

El convenio, "a diferencia del anterior, nunca ha sido ratificado por el pleno y era desconocido para los concejales salvo el propio Pedro Tirado", argumenta el juez.

Los terrenos adquiridos por Royal Estates fueron vendidos a "Desarrollos Urbanísticos La Parrada", compuesta por cinco promotoras el 30 de septiembre de 2004 por un importe de 101,69 millones de euros, lo que supuso un beneficio para la primera de 91,9 millones "apenas un año más tarde".

En el auto, el juez acuerda que continúen las diligencias previas contra Aki Kujala, Pedro Tirado y su cuñado, Francisco Calle; el amigo de éste último, Rafael Fernández, quien supuestamente actuó como testaferro, y Royal Marbella Estates, para aclarar si los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de cohecho, prevaricación o blanqueo de capitales.

Según el magistrado, el cuñado del entonces alcalde percibió 2,1 millones de euros por intervenir como intermediario en la operación, aunque para ello se constituyó la entidad Inmoest, de la que Pichford Holdings Limited, con sede en Gibraltar y de la que es titular Francisco Calle, adquirió la mayor parte de las participaciones, y Rafael Fernández, una, además de prestarse a aparecer como administrador único.

Por su parte, en el registro de la vivienda de Pedro Tirado en Manilva el 13 de octubre de 2005 se halló una bolsa negra con 762.102 euros, la mayoría en billetes de 500 euros, que supuestamente corresponden a su parte en el beneficio de la venta.

El juez considera "increíbles" las alegaciones de que se trataba de donaciones anónimas de simpatizantes del partido que "llamaban a su puerta y dejaban el dinero", y añade que, no obstante, estarían al margen de la ley de financiación de partidos políticos.