Cuando un menor comete un delito, la medida judicial que conllevan sus actos es el ingreso en un centro de internamiento. Allí, el joven debe volver a aprender habilidades sociales y laborales que a lo largo de su vida no tuvo la oportunidad de adquirir por encontrarse dentro de un entorno desestructurado o socialmente poco favorable.

La Consejería de Justicia y Administración Pública inició en agosto de 2006 el programa ´Lucha contra la Discriminación´ para apostar por la formación de los menores y su posterior reinserción laboral y social en la provincia. "Desde la fecha de su creación un total de 364 menores se han beneficiado de este programa (107 con contratos realizados, 204 en programas de formación y 51 menores beneficiados a través de becas en empresas)" añadió María Luisa Cercas, directora general de Justicia Juvenil.

En la actualidad la consejería está ejecutando un total de 1.150 medidas, que aglutinan a un total de 1.138 menores, 379 en régimen de internamiento.

En Andalucía hay unos diez mil menores cumpliendo medidas judiciales, de los cuales 1.470 están en medida abierta y 370 internados en Málaga. ´San Francisco de Asís´ y ´La Biznaga´ son los dos centros de internamiento en la provincia con un total de 63 plazas, para medio abierto se cuenta con el centro de Día Almedina y además existe un convenio con Proyecto Hombre y una casa de convivencia educativa.

Convenio. Para continuar en esta misma línea de trabajo, ayer la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la Consejería de Justicia y Administración Pública presentaron un convenio de colaboración para facilitar las herramientas necesarias para que estos jóvenes puedan formarse en una actividad empresarial. "Este convenio permitirá crear un censo empresarial de entidades que quieran colaborar voluntariamente con este buen fin", afirmó Javier González de Lara, vicepresidente ejecutivo y secretario general de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM).

"Las empresas contribuimos, en el ámbito de la responsabilidad social, a fomentar habilidades que permitan a los menores encontrar un trabajo o incluso, en un futuro, convertirse en empresarios", destacó Antonio Moya, secretario general de la CEA. No hay que olvidar que para que la reinserción social sea completa, debe existir una integración laboral previa.

Sin embargo, antes de suscribir este convenio de colaboración existen muchas empresas que, de manera anónima, han contribuido a que estos menores se formen y encuentren un trabajo remunerado. "Cerca de cien empresas han colaborado con esta iniciativa. Además hay que destacar la apuesta decidida de un empresario malagueño por dar trabajo en el mismo centro de internamiento a estos jóvenes con medidas judiciales", explicó María Isabel Pavón, Jefa del Servicio de Justicia de la Delegación Provincial de Málaga.

´San Francisco de Asís´ es el primer centro en donde se lleva a cabo una iniciativa pionera para dar trabajo a aquellos menores cuya medida judicial no les permite salir del centro. En sus instalaciones, seis jóvenes realizan un taller productivo de muebles de madera en donde además de recibir formación, aprenden a tener un horario de trabajo y un salario.