Los vecinos de Estepona volverán a salir a la calle para manifestarse. La Subdelegación del Gobierno en Málaga ha autorizado a la Plataforma de Asociaciones de Vecinos de la localidad para llevar a cabo una marcha el próximo viernes 18 de julio, cuyo fin será exigir el restablecimiento de los valores democráticos y la confianza en las instituciones públicas tras el ´caso Astapa´, que indaga una presunta trama de corrupción municipal.

El presidente de la Plataforma, José Antonio Gálvez, explicó que otro de los objetivos de la protesta es solicitar que se restablezca el orden en virtud de unas nuevas elecciones municipales que restauren la credibilidad en los políticos. En este sentido, afirmó que, desde el colectivo que representa, pedirán que se dote de los medios necesarios a los órganos judiciales y policiales para que se cumpla con la Justicia de manera estricta.

La manifestación partirá a las 21.30 horas desde la plaza Antonia Guerrero y recorrerá la calle Terraza, la avenida de España y calle Viento para terminar a las puertas del Ayuntamiento, en la plaza Blas Infante. La protesta tendrá lugar un día después de la celebración del pleno en el que se elegirá la nueva corporación municipal.

Comparecencias. Por otro lado, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona y que instruye este caso, Isabel Conejo, ha citado a declarar entre el próximo jueves día 17, y el lunes 21 de julio a 15 personas, que ya comparecieron ante los investigadores de la Policía Nacional, según informaron a este periódico fuentes judiciales.

El jueves está llamado a declarar el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, a quien se le imputan los delitos de prevaricación y cohecho. Se da la circunstancia de que Duarte es uno de los nombres que suena como posible candidato a la alcaldía por el PSOE en el pleno que se celebrará el mismo jueves a las 16:00 horas. De esa sesión plenaria, saldrá el nuevo regidor tras el ingreso en prisión del ya ex alcalde, Antonio Barrientos.

Este mismo día también comparecerán ante la instructora cuatro técnicos, como son el arquitecto municipal, Tomás Álvarez de Lara; el director de Área de Urbanismo, Juan Manuel Ramos, y el trabajador de la empresa de la Vivienda y ex empleado de la Empresa de Planificación y Desarrollo Urbanístico (Empladus), Héctor Ruiz.

Para el viernes 18, está prevista la declaración del actual alcalde accidental, Rafael Montesinos, así como de los empresarios Ángel González y Juan Mena, además de los militantes socialistas Ángel Montero y Manuel Simón.

Por último, el próximo lunes prestará declaración la gerente de Urbanismo, Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo. Este mismo día también comparecerán ante la jueza que instruye el caso el secretario municipal, Gustavo Rubio; el abogado, Ignacio Pérez de Vargas, y la empresaria, Narcisa Vizuete, entre otros.

Disolución del Consistorio. El PP pedirá en el Congreso la disolución del Ayuntamiento esteponero. La diputada nacional del PP Celia Villalobos anunció ayer que presentará hoy ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados una proposición no de ley a tal efecto, a raíz del citado ´caso Astapa´.

Villalobos explicó que la proposición busca la celebración de un pleno extraordinario en el Congreso para discutir este extremo, ya que concurren las mismas circunstancias que se dieron en Marbella y que desembocaron en la disolución y la conformación de una gestora.

"Los vecinos de Estepona tienen derecho a una corporación municipal sin sombra de sospecha, que les represente dignamente y ante la que puedan sentirse seguros y satisfechos", manifestó la que también fuera alcaldesa de Málaga.

Chaves, contundente. Por otro lado, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, volvió a pronunciarse ayer, tras participar en la constitución de la Comisión Ejecutiva del PSOE-A, sobre la petición de los populares de comparecer en el Parlamento, que fue rechazada por la Comisión Permanente la semana pasada. Preguntado acerca de si lo ha descartado definitivamente, el dirigente andaluz fue rotundo. "El Parlamento ha decidido lo que ha decidido y punto", sentenció.

Además, criticó al PP-A, autor de la petición de comparecencia, al que ha acusado de tener una "doble moral", lo que ha tildado de "preocupante porque los partidos deben tener un cierto nivel de dignidad".

"No es posible que alguien [por Arenas] se vaya a Estepona a proponer medidas contar la corrupción cuando a veinte kilómetros, en la Línea de la Concepción, hay un alcalde del PP que está procesado por prevaricación o cohecho. Y, si vas en dirección a Málaga, está la situación de Alhaurín el Grande con otro alcalde procesado. Y si sigues a Granada, otro en Ojíjares", subrayó.