Una paciente malagueña ha presentado una demanda contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por sufrir una infección durante una intervención de fractura de tibia y peroné que supuestamente le ha causado una cojera y desviación lateral de la columna, entre otras secuelas. Esta operación se practicó en el Hospital Carlos Haya.
La mujer, de 27 años, señala como foco de la infección el material empleado en el procedimiento quirúrgico para unir los huesos rotos. Según el recurso presentado ante el juzgado de primera instancia 1 de Sevilla, existe "un nexo de unión entre el tratamiento aplicado" en la operación "y la aparición de la pseudoartrosis" que derivó con los meses a problemas de movilidad y el acortamiento de su pierna izquierda.
La joven tuvo que someterse a otras seis intervenciones más para corregir los problemas óseos y eliminar el material aplicado en la primera operación. Incluso fue necesario la implantación de un injerto de hueso, tal y como consta en el texto de la recurrente, representada por el abogado Manuel Temboury.
Material infectado. La afectada está segura de que la infección la contrajo en la operación y el origen fueron las piezas de la osteosíntesis (unión de los huesos rotos por un clavo). Este material "estaba contaminado" en el momento de su implantación.
El SAS desestimó la reclamación al considerar que no se acreditó la relación entre el procedimiento quirúrgico y las secuelas de la paciente. Sin embargo, el Consejo Consultivo dependiente de la administración reconoció que tanto la pseudoartrosis como la desviación de la columna estaban "directamente relacionadas con el proceso infeccioso" de la primera operación.
Estas afirmaciones se recogen en el recurso presentado ante el juzgado de lo contencioso de Sevilla. La mujer confía en que el órgano judicial estime la reclamación, cuantificada en más de 238.600 euros.
Secuelas. La afectada tuvo que operarse tras sufrir una caída fortuita. Tras la intervención perdió movilidad en su pierna izquierda y no es capaz de deambular sin la ayuda de un bastón. Según la demanda, estas secuelas le han creado problemas secundarios como el aumento del sobrepeso.
La joven permaneció en el hospital 144 días y estuvo de baja por incapacidad laboral durante más de un año.
El SAS alega, según la recurrente, que le informó verbalmente de los riesgos de la intervención y de que había entre un tres y cuatro por ciento de riesgo de infección. Pero la paciente, a través de su letrado, considera que ese riesgo no exime a la administración de su responsabilidad por las secuelas ocasionadas, y que en ningún caso ha acreditado esa información verbal.
