Valadez ha asegurado en una entrevista con Efe que emprender esa medida es lógico, "mucho más teniendo como referencia la postura adoptada por la Junta de Andalucía", cuyo Consejo de Gobierno autorizó el pasado 8 de julio al Gabinete Jurídico a interponer acciones judiciales para personarse como acusación popular en este proceso penal.

No obstante, Valadez ha recordado que hay un pacto municipal de gobierno cuatripartito que agrupa al Partido Andalucista (PA), Izquierda Unida (IU) y al grupo local "Estepona 2007" con el PSOE y que es "lógico que antes que el alcalde adopte unilateralmente una decisión, mantenga una reunión con los integrantes del gobierno y todos los socios".

En este sentido, precisa que su intención es continuar con "la tónica habitual y predominante en todas las actuaciones que emprende el Ayuntamiento: el diálogo y el consenso", lo que a su juicio, "no sólo debe caracterizar la relación entre socios del gobierno", sino también entre todos los grupos políticos con presencia en la corporación, incluida la oposición.

La Junta acordó personarse como acusación popular en este caso al entender que las prácticas municipales presuntamente ilícitas que se investigan en el proceso suponen una "afectación" de intereses generales de la comunidad autónoma.

También cree que afectan a competencias de la administración autonómica en ámbitos como los relativos al régimen de acuerdos locales, materias ligadas con aspectos tributarios, patrimoniales y otros de índole económica así como las vinculadas a la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda.

El Gobierno andaluz explicó entonces que pretende "colaborar con la administración de Justicia, contribuir a que se haga justicia de la forma más profunda y clara y que se depuren las responsabilidades criminales que pudiera haber".

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, cuya titular es Isabel Conejo, investiga un supuesto caso de corrupción vinculado con financiación irregular en el consistorio que suma 26 detenciones y 15 imputados.

De los arrestados, cinco se mantienen en prisión (el ex alcalde, dos concejales del "Partido Estepona" creado por antiguos integrantes del GIL y dos empleados del Ayuntamiento); 18 están en libertad bajo fianzas de 15.000 a 500.000 euros -entre ellos cuatro ediles expulsados provisionalmente del PSOE, empresarios y abogados- y tres están en libertad con cargos y sin fianza.