Los fiscales no quieren permitir más argucias para burlar la política urbanística. Así, el área de Medio Ambiente del ministerio público ha lanzado un aviso claro y directo para los arquitectos, ingenieros agrícolas y aparejadores que rubriquen declaraciones de obra presentando una construcción ilegal recién ejecutada como si tuviera varios años de antigüedad: pueden dar con sus huesos en la cárcel.

El caso es típico en numerosos pueblos de la provincia que han crecido a base de diseminados sobre parcelas rurales y da una idea de hasta qué punto muchos pequeños promotores han aguzado el ingenio para burlar la ley.

"Un hombre no puede construir en su parcela, pero empieza a hacerlo sin solicitar la licencia de obra al consistorio en cuestión. Espera que no lo cojan, pero después acaba presentando al registro de la propiedad una declaración de obra nueva, junto al título de propiedad de la finca, firmado por un perito -habitualmente un perito agrícola, un aparejador o un arquitecto-. Se trata de demostrar que la construcción se ha desarrollado durante cuatro o cinco años o tiene esa fecha, todo ello con el objetivo de legalizar la obra", explica el ministerio fiscal.

Ya han sido ´cazados´ varios de estos promotores y sus cooperadores gracias a testigos o a las fotos aéreas hechas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Pero el horizonte penal de los profesionales que incurran en este delito se complica. Este ilícito se recoge en el Reglamento Hipotecario Urbanístico, una norma que a partir de ahora deberá ser interpretada de forma más dura. De esta forma, los profesionales que firmaban estas declaraciones de obra se enfrentaban únicamente a cuantiosas multas. Ahora, hay penas de cárcel que oscilan entre los tres y los seis años, multas e inhabilitaciones.

"Estamos hablando de algo muy grave, concretamente de falsedad en documento público, porque esa declaración de obra se inscribe, junto a otros documentos, en el registro de la propiedad, de forma que el profesional que hace la anotación lo da por bueno", relata la acusación pública.

Así se elude el control del Ayuntamiento sobre el desarrollo urbanístico de su territorio y, por otro lado, las autoridades municipales no advierten esta manifiesta ilegalidad. "Estamos hablando de documentos de carácter oficial en los que el arquitecto dictamina que la obra de nueva construcción tiene más de cuatro o cinco años. Ahora estamos detectando numerosos casos de este tipo y el profesional puede verse ante una tesitura difícil", indica. Sólo en este año se han detectado veinte casos de este tipo, aunque según las estimaciones de la Fiscalía, "únicamente se registra la mitad de los que se dan en toda la provincia".

Un caso típico. La Fiscalía de Málaga solicita una multa de seis meses a razón de treinta euros diarios para un arquitecto que certificó que una obra desarrollada en Vélez Málaga tenía una antigüedad superior a los seis años, "cuando consta que es de reciente construcción atendiendo al documento fotográfico que se incorpora y que revela que la misma comenzó en 2005, ejecutada además sin licencia ni autorización municipal".

El certificado de obra fue entregado en el registro civil por los otros dos acusados, quienes de común acuerdo, según el fiscal, construyeron la vivienda unifamiliar aislada de unos 125 metros cuadrados en una finca de Iznate, concretamente en una parcela no urbanizable de especial protección, de forma que el 23 de noviembre de 2005 incorporaron el certificado presuntamente falso en la documentación del registro civil. Estos dos procesados se enfrentan a dos años de cárcel y a dos multas cuya suma final asciende a 10.800 euros.