A primera hora de la mañana, la viuda de Juan Manuel Piñuel, el último guardia civil asesinado por la banda terrorista ETA, recibía la llamada del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la que le informaba de que los supuestos autores del atentado que el pasado mes de mayo acabó con la vida de su marido en el cuartel de Legutiano (Álava) habían sido detenidos.

Hace unos días, María Victoria Campos comparecía ante los medios de comunicación en la sede de la AUGC para agradecer la decisión del Ayuntamiento de Málaga de ceder una calle a su marido. Ya entonces contaba que había dejado de sentir odio porque "eso no lleva a ninguna parte" y que al pensar en los asesinos de Manolo, como conocían familiarmente al agente, le invadía la indignación y la rabia, pero "nunca el odio". Nunca sabremos lo que sintió ayer al conocer la noticia de los arrestos.

Sus primeras palabras fueron dirigidas a su hijo de seis años: "Ya han cogido a los que le hicieron eso a papá", revelaron fuentes cercanas a esta familia, completamente destrozada desde que el pasado 14 de mayo una furgoneta-bomba estalló junto a la casa cuartel de Legutiano, en Álava.

Carácter preferente. Manuel Piñuel acababa de llegar al cuartel tras pasar una semana con su familia. El 11 de mayo había cumplido su primer mes en Legutiano, un destino que había solicitado para adquirir el denominado carácter preferente porque quería volver a Málaga, con su mujer y su hijo de seis años. Esa fatídica madrugada estaba de guardia en el edificio de vigilancia anexo al cuartel y apenas tuvo tiempo para reaccionar. Estaba avisando de la presencia sospechosa de la furgoneta cuando la carga explosiva estalló. Otros cuatro agentes resultaron heridos.

El ´comando Vizcaya´, al que inmediatamente se le atribuyó la actuación, estaba dispuesto a provocar una masacre ya que en esos momentos había 29 personas en las instalaciones del instituto armado, entre ellas cinco menores.

El consejero vasco de Interior, Javier Balza, expresó aquel día su temor de que la compleja estructura de este comando, formado por personas no fichadas por la policía (colaboradores legales) y, por tanto, no identificadas, complicara la investigación. Sin embargo, el hallazgo del coche que los terroristas usaron en su huida y la grabación de las cámaras del cuartel de seguridad aportaron nuevas pistas a los investigadores.

Miembros del Servicio de Información de la Comandancia de Vizcaya, en colaboración con Madrid y con otras unidades de la Guardia Civil, iban detrás de los ahora arrestados desde agosto de 2007, cuando supuestamente atentaron contra la casa cuartel de Durango (Vizcaya).

Un mes después, en septiembre, el mismo comando colocaba un artefacto en la parte trasera de la comisaría de la Ertaintza de Zarauz, en Guipúzcoa; en noviembre atentaban contra el Palacio de Justicia de Getxo (Vizcaya) y en marzo de este año dejaban un vehículo cargado de explosivo junto al cuartel de Calahorra, en La Rioja.

También se investiga la supuesta relación de este comando con los atentados a las sedes socialistas de Bilbao La Vieja y Balmaseda y contra la rotativa de el diario El Correo y, según informó ayer Interior, es probable que se produzcan nuevas detenciones.