Las colas del paro acechan a los miles de trabajadores que se dedican a la construcción en la provincia de Málaga. La crisis ahoga a las empresas que, para intentar no tocar fondo, inician expedientes de regulación de empleo, lo que provoca despidos masivos y, por consiguiente, el aumento de las cifras de desempleados. El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores (ACP) de Málaga, José Prado, recordó ayer que, según la Oficina Económica de La Moncloa, por cada vivienda que deje de construirse, se perderán 2,3 puestos de trabajo.

Prado añadió que la cifra actual de 25.600 personas en paro en el sector de la construcción en Málaga podría aumentar en el último semestre del año, ya que después del verano, al no haber licencias de obra pedidas, tampoco se podrán iniciar nuevas construcciones. "Este porcentaje se incrementará bastante", dijo el presidente de los promotores malagueños, aunque no supo o no quiso precisar cifra alguna.

Las empresas constructoras e inmobiliarias aún viven de las rentas de los años anteriores. Pero esta inercia se va a acabar. Y será muy pronto, se lamentan los integrantes de la mesa sectorial, constituida ayer. La Encuesta de Población Activa (EPA) ofrecía ayer los datos de paro en Málaga, que afecta al 16,38% de la población.

Las medidas para tratar de paliar los efectos de la crisis se antojan urgentes. Además de aumentar la obra pública, una solución parcial clásica y que sólo representa el 25% de la facturación total, los miembros de esta plataforma apuestan también por la construcción de VPO como alternativa. Prado celebró la iniciativa del Ministerio de Vivienda, que ha anunciado la inversión de 300 millones de euros en la adquisición de suelo para vivienda protegida. "Es positivo, aunque tampoco es suficiente. Los propios promotores hemos solicitado al Consejo de Vivienda poder adaptar las viviendas libres que no vendemos en VPO", recordó el presidente de la ACP, quien pidió un mayor esfuerzo e imaginación para atajar la desaceleración económica.

A vueltas con los planes generales, y relacionado con las VPO, el presidente del Colegio de Arquitectos, Francisco San Martín, exigió al Ayuntamiento de Málaga que cumpla la legislación urbanística, aplicando el PGOU de 1997 a los proyectos pendientes o que se presenten para nuevas licencias, "siempre que no afecten a los intereses generales fundamentales", ya que se han cumplido dos años sin haberse aprobado provisionalmente el nuevo plan, paralizado tras las últimas elecciones municipales, y dado que aunque el pleno de el visto bueno inicial el próximo 14 de agosto, "aún quedará mucho tiempo hasta que pueda comenzar a aplicarse, ya que tendrá que viajar a Sevilla y la Junta tendrá, como mínimo, seis meses para responder", insistió.

Y esta parálisis afecta a la construcción de vivienda protegida. "Con la primera aprobación de la ley andaluza del suelo se venía diciendo que se reservaría el 30% del suelo edificable para la construcción de VPO, pero aún ahora esta idea no se ha podido materializar".