El Ministerio Fiscal se ha opuesto hoy a la libertad del ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos porque considera que puede influir e interferir en otros imputados que todavía no han declarado, mientras que su defensa ha asegurado que no existe este riesgo y que tampoco hay peligro de fuga.

En la vista del recurso de apelación presentado contra el auto de prisión preventiva sin fianza dictado por la juez del "caso Astapa" sobre Barrientos, celebrada a puerta cerrada, el Fiscal ha pedido que se confirme la prisión porque si queda en libertad, puede interferir en los imputados, testigos o peritos, han informado fuentes judiciales.

La Fiscalía se basa en que se trata de una localidad pequeña, en la que se ha creado "un clientelismo más que evidente en los últimos años" y ha defendido también que existe riesgo de fuga por la gravedad de los hechos que se le imputan y la pena de cárcel a la que deberá enfrentarse.

Asimismo, ha manifestado que todavía "queda mucha gente por declarar" y que lo deben hacer "de la forma más neutral posible", ya que se han creado "muchos intereses recíprocos", en lo que podría influir la puesta en libertad del ex regidor.

Por su parte, la defensa de Barrientos ha pedido la libertad para su cliente basándose en que no existen documentos que avalen el riesgo de fuga y en que no puede manipular las pruebas o testimonios de los otros imputados porque ya no es alcalde ni miembro del PSOE.

Los letrados defensores han avalado su tesis en que ahora "su enemigo es el alcalde (en referencia a David Valadez), que ha cogido Urbanismo y ha cesado a 25 cargos de confianza", por lo que no tiene poder para manipular ninguna prueba.

Hoy también se ha estudiado el recurso del auto de prisión del jefe del gabinete de Alcaldía José Flores, vista en la que la Fiscalía ha defendido también el riesgo de fuga, mientras que su defensa ha asegurado que no existen los requisitos legales para mantener la prisión en la que se encuentra actualmente.

Asimismo, la Sección Segunda ha estudiado el recurso al auto de prisión para el edil del Partido Estepona (PES) José Ignacio Crespo, en el que defensa y Fiscalía se han mantenido en los mismos términos que en los dos anteriores imputados.

En el caso del ex alcalde, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, imputa a Barrientos los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales.

En el auto de ingreso en prisión del ex regidor, al que tuvo acceso Efe, la juez considera al imputado el "máximo responsable de una estructura existente en el entorno" del Ayuntamiento de Estepona "orientada a la obtención de fondos de distintos promotores y empresarios con los que se pretende y consigue financiar actividades tanto públicas como privadas de los partidos políticos en coalición, así como para enriquecerse personalmente".

Conejo justifica su permanencia en prisión por la "capacidad del imputado para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba, así como para influir sobre otros imputados, testigos o peritos"

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona investiga en el "caso Astapa" una supuesta trama de corrupción vinculada con financiación irregular en el Ayuntamiento, operación que suma 26 detenciones y 15 imputados.

De los arrestados, cinco se mantienen en prisión -el ex alcalde, dos concejales del Partido Estepona (PES) creado por antiguos integrantes del GIL y dos empleados del Ayuntamiento-, 18 están en libertad bajo fianzas de 15.000 a 500.000 euros -entre ellos cuatro ediles expulsados provisionalmente del PSOE, empresarios y abogados- y tres en libertad con cargos y sin fianza.