Los jueces tramitan 58 casos por muertes en siniestros laborales

Los juzgados de Instrucción de la provincia de Málaga investigan actualmente 58 casos de homicidio imprudente por muertes acaecidas en siniestros laborales. El pasado año las causas que se estudiaron por los jueces fueron 64, dado que se celebraron seis juicios orales por accidentes mortales en los centros de trabajo. Todos estos asuntos han sucedido en los últimos años.

La fiscal delegada de Siniestralidad Laboral, Míriam Martínez Pacheco, afirma que el ministerio público ha intervenido en 110 procesos penales por accidentes en el trabajo durante 2008, un aumento significativo en relación a los 87 del ejercicio 2007.

La Fiscalía recibe la comunicación de cualquier accidente laboral que se da en Málaga a través de la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía. Así, este órgano suele abrir diligencias de investigación -pesquisas realizadas por el propio ministerio público-, trámite paralelo a la apertura de diligencias previas en el juzgado de Instrucción del que se trate. "Las lesiones leves se suelen sobreseer o se archivan incluso al principio; las que continúan son las graves, muy graves y las mortales", explica la responsable de Siniestralidad Laboral en la Fiscalía provincial.

El ministerio público realiza su propia investigación en muchos casos y si observa indicios de delito interpone la correspondiente querella. "Las denuncias las ponemos por delitos de riesgo contra la seguridad de los trabajadores o lesiones", subraya Martínez, quien añade: "Estas querellas suelen sustentarse en que la Fiscalía ha detectado que no se han puesto las medidas de seguridad necesarias, lo que a su vez ha significado un cierto riesgo para los empleados de una empresa. Por cierto, todas estas denuncias están vinculadas al sector de la construcción (se han presentado nueve)".

El pasado ejercicio se celebraron 12 juicios orales, de los que siete acabaron en sentencias condenatorias, tres fueron absolutorias y dos están pendientes de resolución. "Las condenatorias suelen acabar con penas de prisión en casos de homicidios imprudentes y lesiones, aunque la mayor parte son de un año o año y medio de cárcel. Esto permite que si el acusado ha pagado la responsabilidad civil pueda suspenderse la condena", recalca Míriam Martínez. De momento, nadie ha entrado en prisión por las sentencias dictadas en los diferentes juzgados de lo Penal. "Hay que tener en cuenta que hablamos de delitos imprudentes, cuyo tratamiento es muy diferente al del ilícito que se comete con dolo", reflexiona la fiscal.

Como consecuencia de las diligencias de investigación abiertas y las querellas interpuestas, la fiscal ha podido realizar este ejercicio un total de 20 escritos de acusación, frente a los 12 que se efectuaron el pasado año.

Martínez recuerda que "los procedimientos por accidentes en el trabajo son largos, ya que es complicado saber quiénes son los responsables. En relación a los siniestros mortales se va rápido, lo que quiere decir que aún se tramitan mejor a pesar de que tarden más de un año en resolverse".

La crisis va a suponer una bajada en el número de accidentes, según Martínez, quien pide más celo en este tema a todos los implicados.