Los agentes sociales admiten que a la Ley Integral le faltan medios para ser efectiva

Se han cumplido cuatro años de la Ley Integral. Se trata de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Los agentes implicados coinciden en aplaudir esta normativa, reseñan la importancia y el avance que ha supuesto pero reclaman más medios y que se desarrollen determinadas parcelas contempladas en el texto pero ejecutadas "mínimamente" en estos años de andadura.

Las principales demandas enumeran varios aspectos clave. Por ejemplo, que exista una atención psicológica permanente a las víctimas, incluso antes de interponer la denuncia. También aluden a la necesidad de mayor ayuda para facilitarles un empleo o la potenciación de medidas que se contemplan en la ley y que no se han llevado a cabo de forma "conveniente" como la educación de la sociedad (prevención en los centros escolares) y formación de los sectores implicados.

Atención psicológica. Para la fiscal de Violencia de Género Flor de Torres existen algunas disfunciones que solventar, lo que, a su juicio, no es una cuestión de inversión sino de reorganización. Esta jurista considera necesario que existan juzgados penales especializados en violencia. Califica la ley como positiva y cree que ha favorecido el acceso de la mujer inmigrante al sistema judicial (entre el 42 y el 45% de las víctimas son ya extranjeras). En este sentido, ha sido "fundamental" la coordinación institucional que fomenta y contempla la norma.

Flor de Torres, a pesar de que está satisfecha con los medios existentes y la creación de tres juzgados de violencia, sí echa en falta que se instaure de forma permanente la figura de un psicólogo, de forma que la mujer cuente con este tipo de atención en todo momento, incluso previamente a la interposición de la denuncia.

En este punto coincide la responsable del Área de la Mujer del Ayuntamiento, Gema del Corral, que cree sin embargo que el balance ha sido negativo. "Está claro que el objetivo prioritario era disminuir el número de víctimas mortales, por lo que el balance es negativo. Es necesario dotar de mayor presupuesto y recursos a las administraciones locales e instituciones que cuentan con órganos específicos para la mujer. Somos la primera puerta y si tenemos un servicio adecuado seremos un gran filtro de ayuda y de detección", explica.

Para Gema del Corral la clave se sitúa en proporcionar a la víctima una atención integral, tal y como promulga la ley. "Hoy día una mujer maltratada tiene más derechos y recursos en una ciudad que en un pueblo, con lo que no se cumple el principio de igualdad", denuncia. La responsable municipal cree que no existen medios suficientes para que se garantice el cumplimiento de las leyes de protección y de alejamiento. "Sobre el papel es una ley ambiciosa, pero los resultados no han sido los que se esperaban", dice.

No comparte esta visión la catedrática de Constitucional, miembro del Consejo Consultivo de Andalucía y una de las redactoras de la ley estatal, María Luisa Balaguer, que destaca especialmente que se trata de una ley muy consensuada cuyo mayor avance es que la agresión a una mujer se tipifique como un delito específico.

Educación y formación. Para Balaguer está claro que no se puede erradicar una situación de violencia en cuatro años por el simple hecho de sacar una ley. "Es un instrumento que sirve en la medida de cómo se utilice", reseña. La experta destaca especialmente que la ley incide "mucho" en materia de prevención. También se establecen protocolos de atención a las víctimas en la sanidad. "Para mí el balance es positivo. No se puede realizar una valoración simplista".

La responsable de Mujer en Málaga de CCOO, Victoria Rodríguez, centra por su parte su reflexión en la necesidad de poner el marcha el plan de empleo que contempla la norma, un aspecto fundamental para que la víctima pueda salir de la espiral de violencia. Destaca como positivas las medidas de protección reflejadas y puestas en marcha, los juzgados de violencia, la formación del funcionariado, las campañas de sensibilización y el protocolo sanitario. "La valoración es positiva, pero sabemos que la realidad es dura y que una ley no acaba con la violencia. Es necesario poner en marcha las medidas educativas y las de empleo", dice.

En la misma línea se expresa la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Pilar Oriente, que aunque resalta las virtudes de la ley, cree que es fundamental desarrollar "urgentemente" las medidas relativas a la educación en colegios y la formación de profesionales.