tribunales | OPERACIÓN TROYA
El PP cree que Martín Serón puede seguir siendo alcalde
EFE
La dirección provincial del PP en Málaga considera que el alcalde de la localidad malagueña de Alhaurín El Grande, el popular Juan Martín, puede seguir en su cargo pese a que el fiscal pide inculparlo a él y a otras 24 personas en el "caso Troya", que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística.
El secretario general del PP malagueño y número dos del partido en la provincia, Francisco Salado, ha asegurado hoy a Efe que confía "plenamente" en la inocencia del alcalde, "porque todos los pasos de la instrucción habían apuntado al archivo de la causa" y eran favorables, ante lo que no entiende el paso del ministerio público.
Espera que la instrucción acabe con el archivo de la causa y recuerda que "un informe de la Agencia Tributaria pedido por el juez instructor sobre el tráfico del supuesto dinero de empresas a los imputados manifiesta que no hay ninguna relación de ese dinero con las empresas" y ha aludido también al sobreseimiento del caso respecto del arquitecto municipal.
Añade que "el que tiene que decir después de la instrucción si hay delito es el juez y la de hoy es una opinión más del fiscal" y "un paso del procedimiento que no cambia la situación de Juan Martín" y desea que termine la instrucción lo antes posible, ya que "después de dos años es muy dilatada".
El dirigente popular insiste en que los pasos de la instrucción hasta ahora han sido favorables al alcalde y los imputados y que "todo se ha ido desmontado poco a poco", por lo que ve "sorprendente" la petición de la Fiscalía, que respeta pero no entiende.
Martín ha asegurado ya que seguirá en su cargo después de que el ministerio público indicara que "en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande funcionaba una trama al frente de la cual se hallaban sus máximas autoridades, cuyo objeto no era otro que obtener un enriquecimiento personal ilícito" y pide imputar al alcalde delitos de cohecho, blanqueo de capitales y prevaricación urbanística.
El fiscal mantiene que se ofrecía a empresarios y promotores inmobiliarios obtener más edificabilidad de la legal a cambio de una retribución económica, según el informe que constituye la petición formal de imputación, tras lo que el juez del caso dictará los autos de procedimiento abreviado y apertura de juicio oral.
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