La Junta dice ahora que Málaga no gestiona el agua desde 2005

"Nunca las decisiones se han tomado en Málaga. El director general de la Cuenca Mediterránea Andaluza no tenía ninguna capacidad de toma de decisiones". Con estas dos sentencias trató de zanjar ayer Cinta Castillo, la consejera de Medio Ambiente de la Junta, la polémica surgida por la nueva regulación de la política hidrológica en Andalucía. Una política que suprime la Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza (CMA), con sede en Málaga, y centraliza todo el aparato en Sevilla para impulsar la "eficacia y proximidad". Castillo habló claro y aseguró que desde 2005, cuando el Estado transfirió a las autonomías las competencias en materia hidrológica, en Málaga no se ha decidido "nada".

La consejera basó en esta idea su argumentación posterior, en la que quiso aplacar los ánimos por la "falsa polémica desatada exclusivamente en Málaga" sobre la pérdida de competencias tras la supresión de la CMA y la creación en Sevilla de cuatro nuevas direcciones generales que serán las que use la Agencia Andaluza del Agua para gestionar todos los recursos de la región. "Todo este proceso de cambio es para hacer más fuerte la estructura de la Agencia Andaluza del Agua. Reforzamos el peso de la toma de decisiones en Málaga en la figura de la delegada de Medio Ambiente -Remedios Martel-, que será quien tome las decisiones". En su opinión, la provincia no pierde competencias, sino que las gana.

Decisiones. Castillo insistió en que la CMA dependía desde 2005 de la Agencia Andaluza del Agua y "nunca tuvo competencias, ni propias ni separadas". Sin embargo, los antiguos estatutos del organismo -los nuevos acaban de aprobarse- atribuían a la CMA la capacidad de elaborar el plan hidrológico de la cuenca, la autorización de extracciones subterráneas, las obras de conservación de cauces, la autorización de creación de comunidades de regantes o la gestión, liquidación y recaudación de tasas, entre otras. Y lo más importante: la CMA tenía una mesa de contratación autónoma con un presupuesto anual de 100 millones de euros que podía convocar, adjudicar y financiar obras públicas relativas tanto al abastecimiento como a la depuración. Estos expedientes eran propuestos y firmados por el director general -el último ha sido Antonio Rodríguez Leal, destituido hace días-, aunque, obviamente, también recibían el visto bueno en Sevilla, como manda la Ley.

Precisamente Castillo tuvo unas duras palabras de despedida para Rodríguez Leal, que no dudó hace poco en protestar públicamente por la eliminación de la CMA y la centralización en Sevilla de todas las decisiones en materia hidrológica: "En realidad, lo único que Málaga ha perdido es un director general mejorable en su gestión, y por eso en ningún caso iba a seguir contando con él". Preguntado por este periódico, Rodríguez Leal eludió entrar en un enfrentamiento con la consejera pero sí lamentó que se tape lo evidente en relación con toda la polémica y que se niegue que el anterior equipo del área económica de la CMA, que autorizaba presupuestos millonarios, esté ahora radicado en Sevilla.

La consejera, que estuvo acompañada por la delegada de la Junta en Málaga, María Gámez, y por la citada Remedios Martel, anunció asimismo que se va a crear un Observatorio del Agua, de carácter regional, que elaborará "normas, criterios técnicos, metodología y cuantificación de todo lo que tenga que ver con las políticas del agua", y que tendrá su sede en Málaga y, tal vez, un rango "superior" al de una dirección general.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, calificó de "decepcionante" la visita a la ciudad de la consejera "para intentar justificar los repetidos intentos de la Administración regional de quitar peso institucional a la provincia de Málaga". Para De la Torre, Castillo "ha reconocido sin pudor que desde 2005 todo el poder de decisión se ha quedado en Sevilla". El presidente provincial del PP, Elías Bendodo, acusó a Castillo de "tomar el pelo" a los malagueños.