El dueño de la estación de servicio dice que el guarda no trabajaba allí

El abogado de la familia del guarda hallado muerto en una gasolinera de Cártama en septiembre de 2007, José Manuel García, asegura que el empresario que regenta la estación de servicio niega que la víctima trabajara allí como vigilante.

El hombre vigilaba el bar de la gasolinera cuando, a las 4.15 horas del 24 de septiembre de 2007, dos individuos le echaron una manta por encima de la cabeza y le propinaron varios goles. El agredido se había rodeado de una manta que se ató al cuerpo para no pasar frío y llevaba un jersey, ropaje que, unido a la otra prenda, propició que el hombre acabara falleciendo por asfixia (anoxia), según determinó la autopsia. La juez instructora imputó a los dos jóvenes por una imprudencia con resultado de muerte, al entender que el cáncer de laringe no detectado que poseía el hombre había acelerado su defunción.

Sin embargo, la acusación particular y la Fiscalía creen que los hechos han de calificarse como homicidio, castigado con entre diez y quince años de cárcel (la imprudencia se pena con entre uno y cuatro). La representación de la familia ha presentado un recurso de reforma (al que se ha adherido la Fiscalía) para que la instructora y la Audiencia resuelvan la duda.

Además de todo ello, lo que defiende el abogado es que el suceso, al haber ocurrido en horas de trabajo del guarda, puede ser calificado de accidente laboral. García explica que el convenio colectivo del gremio de gasolineras prevé una indemnización de 27.000 euros en caso de que un empleado muera durante el desempeño de su labor. Hasta aquí no debería haber ningún problema, pero el empresario de la estación de servicio niega que el fallecido trabajara para él, según el abogado defensor.

"El abogado de la gasolinera dice que el fallecido vivía en una parcela de al lado y le dejaban dormir ahí. Yo lo denuncié a la Inspección de Trabajo, pero ésta no concluyó nada porque la empresa no reconoce que el hombre fuera su empleado", señala García.

Por todo ello, además del proceso penal, el próximo martes se celebrará una vista en un juzgado de lo Social de Málaga para determinar si el hecho, además de la responsabilidad penal, puede ser calificado como un siniestro laboral y, por tanto, si la familia tiene derecho a acceder a la indemnización.

La víctima tenía 65 años, era marinero y le había sido concedida la invalidez permanente. "Llevaba trabajando dos años y medio allí. Cobraba 500 euros, pero no podía dormir dentro de la gasolinera ni tenía ropa adecuada para pasar la noche a la intemperie, por no hablar de las medidas de seguridad", aseveró. Los autores del hecho llevan un año y medio en la prisión de Alhaurín de la Torre.