Los jueces de Málaga acuerdan ir a la huelga el 18 de febrero

Los jueces y magistrados destinados en órganos unipersonales de la provincia acordaron ayer, en una junta general histórica, convocar un paro total para el próximo día 18 de febrero. A esta reunión acudieron ayer 95 miembros de la judicatura (el resto, hasta llegar a 117, había delegado su voto), de los que 72 optaron por la postura más dura pese a que el lunes se verán las caras los representantes del Ministerio de Justicia y los responsables de las cuatro asociaciones profesionales.

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Málaga también aprobaron por mayoría ir a la huelga el 18 de febrero en una reunión paralela. Diecinueve miembros de las salas civiles y penales (de los 25 que acudieron, ya que dos delegaron su voto) optaron por apoyar esta postura.

En ambas reuniones hubo intensos debates, ya que había tres posibilidades: la que mantienen tres de las cuatro asociaciones, es decir, protestar simbólicamente el 18 y hacer huelga el 26 de junio; parar totalmente la actividad de los juzgados el 18 de febrero o no tomar ninguna decisión a la espera de que las negociaciones entre la patronal y el Gobierno lleguen a buen puerto.

Los miembros de la judicatura solicitan básicamente más juzgados y más jueces, así como que entre ya en vigor la oficina judicial, de forma que se racionalice el trabajo. Sin embargo, aceptan aplazar la negociación sobre sus retribuciones salariales.

Reivindicaciones. En los comunicados emitidos por los dos órganos, se afirma el derecho a huelga de los miembros de la carrera judicial; se apoyan las reivindicaciones de las asociaciones; se exige que paren "las injerencia y ofensas" de los demás poderes del Estado; acuerdan realizar reuniones provinciales con carácter mensual a partir de marzo para evaluar los avances de la negociación y se deja abierta la puerta para hacer otra huelga el día 26 de junio. También reclaman que se establezca una carga de trabajo racional para cada magistrado.

El decano de Málaga, Manuel Caballero Bonald, calificó la convocatoria como un éxito, y recordó que lo único que se pretende es mejorar el servicio que se da al ciudadano con más medios personales y materiales.

Málaga fue la excepción a la tónica habitual. Mientras aquí jueces y magistrados hablaron al unísono, en las juntas celebradas a lo largo de la geografía española la división y el enfrentamiento fueron las características principales.

División en la carrera. Lo ocurrido en Madrid y Barcelona es sintomático de lo que pasa en la carrera judicial. Los jueces de la madrileña plaza de Castilla, donde trabajan 286 magistrados, acordaron por una mayoría amplia ir a la huelga el día 18, pero los miembros de la Audiencia Provincial, alrededor de 120, prefieren aplazar las protestas hasta junio para ver cómo avanzan las negociaciones.

En el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional ni siquiera se han celebrado reuniones. En la Ciudad Condal la situación es idéntica: los magistrados de la Audiencia piden que la huelga se haga en junio y los jueces prefieren sumarse al paro total del 18 de febrero. En Sevilla ocurrió lo mismo que en Madrid y Barcelona.

La decisión no es firme. En privado, estos juristas reconocen que todo quedará supeditado al encuentro que hay con el Gobierno el lunes y a su actitud ante las reivindicaciones profesionales. De hecho, el sábado se verán las caras los decanos liberados y las asociaciones para fijar una postura de cara al encuentro del día 26 de enero.

En Murcia irán a la huelga el 18 de febrero, pero posponen la decisión final hasta el lunes, mientras que en Valencia no se adoptó una postura definida ya que prefieren esperar; en Extremadura, Zamora, Ibiza, Castellón, Gerona, Cuenca y Ciudad Real tendrá también lugar a mediados de febrero la primera huelga de la judicatura en España, mientras que los magistrados del País Vasco, Aragón, Asturias, Cantabria, La Rioja, Segovia, Palencia, Salamanca, Ávila, Albacete, Alicante, Lleida, Mallorca y Menorca optan por hacer protestas puntuales el día 18 y aplazar la huelga al 26 de junio. En Cádiz, los jueces irán esa jornada, mientras que en Córdoba, por ejemplo, lo decidirán el 4 de febrero.