Málaga cuenta desde el martes con una Fiscalía para luchar contra los delitos informáticos

El fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, firmó el pasado martes, 19 de enero, el decreto por el que daba luz verde a la creación en la Fiscalía provincial del Servicio de Criminalidad Informática (SCI), una sección que estará dirigida por Jacobo Fernández-Llebrez Castaño, hasta ahora encargado de los asuntos del juzgado de Instrucción número 9 de la capital.

La rúbrica de este decreto es posterior a la constitución, dentro de la Fiscalía General del Estado, del Servicio de Criminalidad Informática. El fiscal de Sala que dirigirá esta materia será Antolín Herrero. Simultáneamente, doce acusadores públicos -entre los que se encuentra Fernández-Llebrez- han sido delegados para esta responsabilidad en otras tantas fiscalías provinciales. En una segunda fase, cada órgano provincial contará con su propio experto.

Crímenes tecnológicos. Los delitos que perseguirá esta Fiscalía son los siguientes: tenencia de archivos de pornografía infantil; ilícitos contra la intimidad (revelación de secretos, acceso informático, colocación de escuchas, cámaras o difusión de troyanos); estafas informáticas; defraudación tecnológica; uso indebido de terminales; daños informáticos; delitos contra la propiedad intelectual; apoderamiento de secretos de empresa y acceso informático a servicios de telecomunicación.

Además de Jacobo Fernández-Llebrez, han sido asignadas al servicio dos funcionarias. Según explica Antonio Morales en el decreto, al que tuvo acceso La Opinión de Málaga, "una de las funciones del fiscal delegado será la de asesorar a los compañeros en materia de delitos informáticos, pudiendo recabar el despacho y la asistencia a juicio en los asuntos más importantes, a juicio de la especialidad; también será su competencia la documentación y el tratamiento informático de todas las causas relativas a estos delitos en la provincia".

Así, ya se ha colgado en el servidor de la Fiscalía un Código Penal que permite el acceso a toda la documentación, la doctrina y la jurisprudencia necesaria para poder dictaminar "correctamente sobre un procedimiento de estas materias, con especial importancia y trascendencia procesal en aquellos documentos relativos a la fase de instrucción", dice el fiscal jefe.

Homogeneizar criterios. También tendrá la obligación de facilitar criterios claros y uniformes con el objetivo de que no se produzcan situaciones dispares en las conformidades previas al juicio oral.

Es tal la importancia que la Fiscalía General del Estado da a la materia que en la memoria de 2008 ya habrá un capítulo dedicado a la especialidad, por lo que el fiscal jefe solicita a los funcionarios y acusadores públicos que comuniquen todos los procesos de este área que conozcan actualmente. Así, también se pide que en la incoación de diligencias se indique claramente, en el apartado diseñado al efecto dentro del programa ´Adriano´, que se trata de materias relacionadas con estos delitos.

Todo ello tiene el objetivo de establecer cuántas causas de este tipo de investigan ahora en los juzgados de la provincia. Para ello, también se han solicitado a la Brigada de Delitos Informáticos de la Policía Nacional y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los datos sobre los delitos tecnológicos que investigaron ambos cuerpos durante el pasado ejercicio.

Igualmente, los fiscales de las fiscalías de Área de Marbella y Melilla deberán enviar cuántos casos de este tipo investigan, al igual que habrán de hacer lo propio los miembros de las secciones territoriales de Vélez Málaga y Torremolinos.

La entrada en vigor de esta especialidad se aprobó a finales de 2007, pero no ha sido hasta principios de 2009 cuando la Fiscalía General del Estado le ha dado el impulso definitivo.